El CDH alerta que es necesario que el Estado garantice medidas humanitarias para mujeres y niñas que están en condición de esclavitud moderna. | Foto Clavel A. Rangel Jiménez
A la sombra de la espiral de violencia que envuelve la minería ilegal al sur del estado Bolívar, donde ocurren graves violaciones a los derechos humanos como torturas, mutilaciones, desapariciones forzadas y asesinatos, consecuencia de la imposición de control de la producción en los yacimientos por parte de grupos de poder, se consolida y expande la explotación sexual y laboral de niñas, adolescentes y mujeres.
Esta situación ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por organizaciones no gubernamentales y organismos multilaterales. La actualización del informe Formas Contemporáneas de Esclavitud Moderna, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello núcleo Guayana (CDH UCAB), evidencia la necesidad de que se realicen cada vez más investigaciones que contribuyan a determinar el impacto de la explotación minera en la vida y los cuerpos de las mujeres que en territorios mineros son objeto de control, comercialización y violencia.
El objetivo es lograr que esas investigaciones devengan en un plan de prevención de violencia de género en el sur del estado Bolívar, que garantice la seguridad social, económica, alimenticia, salud sexual y reproductiva de todas las mujeres, niñas y adolescentes en la zona.Especialmente en los municipios Roscio, Sifontes y El Callao.El informe también propone que se generen políticas públicas que impidan que mujeres, adolescentes y niñas -que por la emergencia humanitaria compleja están expuestas a riesgos y vulnerabilidades específicas- acudan a las minas como alternativa de sustento y queden envueltas en una espiral de explotación sexual y laboral (formas de esclavitud moderna), de la que luego no pueden salir.
Un patrón que pasa desapercibido
La extracción minera desplazó a la industria de los metales pesados como modelo económico en el estado Bolívar. Cuando la minería ilegal se diseminó con la complicidad del Estado venezolano, al crear la Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco, y al engrosar la producción de oro estatal a base de producción minera ilegal, en las minas se impuso una forma de vida marcada por la violencia y el trabajo forzado, que afecta de forma diferenciada a las mujeres.
 No es solo estudiar el problema, es que el Estado debe investigar, enjuiciar y castigar a los responsables. Hay que rescatar a las víctimas, pero también desmantelar a los grupos armados y enjuiciar a los responsables”. |
Los grupos armados irregulares (sindicatos) tienen como objetivo principal controlar y dominar las zonas productivas mineras con todo lo que eso implica. Cada zona operativa implica sostener una forma de vida de los mineros, que tiene como punto principal la demanda de servicios basados en estereotipos y roles que expresan la discriminación de las mujeres: actividades domésticas y servicios sexuales, todo ejercido bajo dominación y explotación.
Esta demanda consolida la prostitución, prostitución forzada y trata de personas en las minas. Y seguirá ocurriendo en tanto los mineros sigan demandando los servicios.
“A la minería hay que echarle ron y putas para que se produzca más oro”
El alcohol y las prostitutas son los productos y servicios que más consumen los mineros. El informe reseñó que a las trabajadoras sexuales se les paga entre dos y cinco gramos de oro por cliente dependiendo de su edad, las más jóvenes son mejor remuneradas, según la demanda de los mineros.
En la presentación del informe, la abogada, coordinadora de la oficina del CDH UCAB en Ciudad Guayana, y coautora del informe, Eumelis Moya, explicó que es imprescindible entender las razones de fondo por las que las mujeres, adolescentes y niñas terminan siendo explotadas laboral y sexualmente en las minas, sin contar con la protección del Estado.
Hay mujeres que son captadas en redes de trata de personas con fines de explotación sexual, y otras mujeres que ven en las minas una opción viable para huir de la crisis económica y llevar sustento a sus hogares.
En ese contexto, luego son engañadas y deben ejercer la prostitución sin poder decidir el número de clientes, ni con quién estar, se les paga menos del salario que acordaron antes de entrar al territorio, ejercen en barracas con palos de madera y plástico, deben pagar un tercio de lo que ganan al dueño de la mina para ser protegidas y tener un techo donde dormir. Son obligadas a tener sexo sin preservativo y sin acceso a métodos anticonceptivos, para luego ser castigadas o asesinadas si se embarazan o contraen una enfermedad venérea.
“Tenemos que desmitificar el tema, comprender que la explotación sexual y la trata de mujeres no depende del engaño per se sobre la acción a realizar, sino sobre las condiciones en las que se ejercen”, manifestó Moya.
En esas condiciones, la estadía de estas féminas se extiende porque deben ganar suficiente dinero como para mantenerse en el sitio y ayudar a sus familias.
“Ahí comenzamos a entrar en las áreas de la explotación y la prostitución forzada (…) lo lamentable no es solo cuando se produce, sino el efecto que tiene en el colectivo y cómo la sociedad omite el tema de fondo que lleva este caso, las personas se concentran en la ocupación como tal (… ) No en qué hace una mujer en las minas trabajando, si sabe a lo que va. Qué está impulsando a estas mujeres a que sean víctimas de esto, ¿qué las hace vulnerables a este tipo de situaciones?”, resaltó la abogada.
Tal como se reseñó en el informe pasado, el sindicato minero también ejerce control sobre el negocio sexual. Cada miércoles las mujeres son sometidas a revisión médica para confirmar si están libres o no de enfermedades o embarazos, para seguir portando la “tarjeta rosada”, que es el aval para ejercer la prostitución en los campamentos mineros.
Moya relató que al Centro de Derechos Humanos de la UCAB llegó el caso de dos mujeres que fueron descuartizadas por el sindicato al dar positivo para VIH. Es decir, las féminas son absolutamente responsables de todo lo que pase con sus cuerpos, aunque no tengan poder de decisión sobre este.
El centro denunció las condiciones precarias que en general rodean todos los servicios que ejerce la mujer, no solo la actividad sexual, sino la cocina y la lavandería. Las cocineras deben cocinar para un gran número de personas que laboran por más de 12 horas diarias, y las lavanderas deben lavar la ropa de los mineros a mano a orillas del río contaminado por mercurio.
El que las mujeres recurran a esta forma de vida, tiene como base condiciones preexistentes agravadas por la emergencia humanitaria compleja, en la que el Estado propició condiciones de pobreza, violencia, desempleo y discriminación de género, pese a autodenominarse Estado feminista.
El Estado es cómplice silente
Moya señaló que para trasladarse hacia las zonas mineras hay que atravesar no menos de 17 alcabalas custodiadas por funcionarios del Estado y aun así, el traslado de víctimas de trata de personas pasa desapercibido.
No hay cifras oficiales que confirmen la cantidad de mujeres víctimas de explotación sexual y laboral en las minas del sur del estado Bolívar y la inacción del Estado solo perpetua el problema.
En una entrevista con el CDH UCAB, un funcionario de la Policía del estado Bolívar (PEB) en El Callao estimó que son cerca de 3.500 mujeres las que ejercen la prostitución, el número aumenta con frecuencia.
El CDH establece que la prostitución es una forma de violencia contra la mujer sea forzada o voluntaria, y está normalizada como una opción para mujeres pobres.
“No es solo estudiar el problema, es que el Estado debe investigar, enjuiciar y castigar a los responsables. Hay que rescatar a las víctimas, pero también desmantelar a los grupos armados y enjuiciar a los responsables”, señaló la investigadora del CDH UCAB y directora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Beatriz Borges.
Las medidas de prevención deben proteger a las niñas, adolescentes y mujeres en riesgo de caer en trata y urge que el Estado garantice medidas humanitarias para mujeres y niñas que están siendo explotadas en el territorio minero.
Correo del Caroní
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