Fuente: Fe y Alegría. – Entre el 19 y 21 de septiembre, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (en adelante, el CMW por sus siglas en inglés), realizó el primer examen sobre el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del tratado sobre esta materia por parte de Venezuela.
Un informe alternativo presentado en coalición por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Radio Fe y Alegría Noticias y la Red por los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes denunció por primera vez ante un órgano de tratado de la ONU la impunidad ante la expulsión masiva de colombianos por parte del gobierno de Nicolás Maduro en 2015. Cabe recordar que la deportación o traslado forzoso de población se encuentra tipificada como crimen de lesa humanidad en el Estatuto de Roma (art. 7.1.d). Aunque hasta ahora no ha prosperado una denuncia sobre estos hechos ante la Corte Penal Internacional (CPI), no se puede descartar que prospere una denuncia al respecto más adelante, dado el carácter imprescriptible de estos delitos.
El CMW se interesó de manera especial en la información sobre el hecho de que el gobierno del ahora expresidente Duque había presentado un proyecto de ley que permitiría al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ofrecer en adopción a unos 1200 niños venezolanos declarados en situación de abandono. La nutrida delegación venezolana -integrada por 27 miembros- afirmó no tener información sobre el tema y, acto seguido, le echó la culpa al gobierno de Colombia por haber roto relaciones y suspendido relaciones consulares.
Por razones geográficas, políticas e históricas muchas de las acciones de Colombia tienen repercusiones en Venezuela y viceversa. En este sentido, el anuncio hecho por el embajador Armando Benedetti, a pocas horas de haber llegado a Venezuela, sobre el retiro de la denuncia de Colombia contra Venezuela ante la CPI, es una de esas acciones que podría repercusiones, más allá de lo imaginado. Si bien se trataría de un gesto simbólico sin consecuencias prácticas, debido a que no detendrá la investigación en curso por parte de la CPI, Colombia podría estar enviando un mensaje equivocado a sus propios ciudadanos, al desvincularse de un proceso internacional que podría establecer responsabilidades sobre las agresiones sufridas por miles de colombianos ilegalmente expulsados de Venezuela en 2015.
Aunque el presidente Petro se ha cuidado de no declarar a Maduro su “nuevo mejor amigo”, algunos gestos de acercamiento con Caracas pueden significar distanciamiento de sus propios ciudadanos.
Comentarios recientes