l Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) presenta el informe de mortalidad por muertes violentas de niñez y juventud en Venezuela durante 2019. Como cada año, este 12 de febrero hacemos un balance de la situación de la juventud en Venezuela, reconociendo que hoy como ayer, los jóvenes siguen siendo protagonistas de sueños, esperanzas y contribuciones al desarrollo del país, pero también, lamentablemente, ocupan los principales lugares como víctimas y afectados por la violencia, y por la emergencia humanitaria compleja que afecta al país.
A la población joven del país le ha tocado afrontar una situación excepcional, ha experimentado directamente el hambre, la escasez y la falta de los servicios más elementales, como ninguna otra población la ha sufrido a lo largo de nuestra historia. Ha vivido una grave crisis y le ha tocado apoyar a sus familias; muchos han tenido que renunciar a su educación y otras oportunidades. Es una juventud que después de haber sido espectadora de la mayor riqueza fiscal que ha tenido el Estado en las finanzas públicas, se encuentra ahora sin lo más básico, sin transporte público, con frecuentes apagones y falta de agua, teniendo que cocinar en fogones de leña porque en su barrio nunca más llegaron las bombonas de gas. Pero es una juventud que sigue su vida con esperanzas, que participa en iniciativas de solidaridad, en pequeños proyectos; tiene el aprendizaje de la sobrevivencia y aprende a sobreponerse a pesar de muchas carencias. Hoy los jóvenes se saben héroes que conquistan victorias cotidianas: al llevar comida a la casa o conseguir los tobos de agua que hacen falta, y son los mismos jóvenes que luchan por las libertades y derechos que les han sido arrebatados. El presente es de esperanzas para miles de jóvenes que se han quedado en el país y creen en las posibilidades de recuperar la democracia y lograr una vida digna para todos. Para los jóvenes que han migrado es también de lucha, en otros contextos, y también es de dolor, por todo lo que han perdido, y porque les angustia no poder contribuir al bienestar de familiares y amigos que quedaron en Venezuela.
Por cuarto año consecutivo, el OVV presenta al país el Informe de Juventud con el propósito de conocer la magnitud y características de la violencia que afecta a niños, niñas y jóvenes, y con el fin de analizar el por qué ocurren estas muertes tan innecesarias, injustas y muy dolorosas. Una vez más, el monitoreo de la información nos permite constatar la cuantía de las muertes de una población cuya vida e integridad debe ser prioritariamente protegida por el Estado, con políticas públicas, programas y acciones que garanticen a esta población los derechos a un nivel de vida adecuado, a una formación integral y a contar con verdaderas oportunidades como sujetos corresponsables de su desarrollo personal y social.
Los datos que aquí se refieren corresponden al período enero a diciembre de 2019 y son datos que informan la mortalidad a partir de dos categorías: muertes violentas por Homicidios y muertes violentas por “Resistencia a la Autoridad”. En esta oportunidad no incluimos en el informe los datos de muertes en averiguación que suman para niños, niñas, adolescentes y jóvenes con edades reportadas un total de 1.492, lo que representa el 42% del total de muertes en averiguación con edades reportadas. Para esta categoría de muertes violentas el 11% de los casos asentados no tuvieron registro de edad.
Los datos conocidos de Homicidios y “Resistencia a la Autoridad” de esta población en 2019, son los siguientes:
Son 5.076 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes muertos por causas violentas, de los cuales la mayor proporción, más de la mitad (el 52%), corresponde a jóvenes entre 18 y 24 años de edad.
Conviene enfatizar que los datos de la Tabla 1 y los de todas las tablas subsiguientes toman en cuenta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con edades reportadas, pero hay 3.036 casos de muertes en los que no se reportó la edad y esto ocurrió para el 15% de los homicidios y el 40% de las muertes por “Resistencia a la Autoridad”. En consecuencia, las cifras presentadas en el informe pueden ser mayores que las que aparecen y deberían leerse precedidas con el adverbio de cantidad “al menos.”
En estos datos se aprecia que 100 niños y niñas y 325 adolescentes fueron víctimas de homicidios; en la mayoría de los casos por la acción delictiva, pero también hay que lamentar casos de filicidios y otros asesinatos cometidos por familiares.
Otro dato relevante señala que 69 niños, niñas y adolescentes murieron abatidos en situaciones que se registran como de “Resistencia a la Autoridad”. Es un dato que cuestiona la idoneidad y el cumplimiento de derechos humanos por parte de funcionarios responsables de la seguridad pública y de cuerpos policiales o militares. La llamada “Resistencia a la Autoridad” se ha incorporado como categoría en el reporte del desempeño de los cuerpos policiales, admitiendo que se trata de un resultado frecuente, normalizado, sin que parezca cuestionarse que se trata de una actuación irregular, que es obligatorio que sea investigada por los órganos de administración de justicia, para confirmar que se trata muertes que ocurren para la protección de la ciudadanía, o ante el riesgo inminente de la vida para los funcionarios, o por el contrario, para verificar que se trata de ejecuciones extrajudiciales que deben ser juzgadas y legalmente sancionadas.
Son 2.661 jóvenes de 18 a 24 años asesinados por el hampa común y presuntamente muertos por los cuerpos policiales al “resistirse a la autoridad”. A esta cifra se suma la de 1.921 adultos jóvenes cuyas edades eran de 25 a 29 años, quienes también fallecen por este tipo de muertes violentas.
En su conjunto, estos datos revelan que en Venezuela cada día del año 2019 murieron 14 niños y jóvenes por razones violentas. Son muertes que se pudieron evitar, que no tienen por qué ocurrir si el país cuenta con programas, acciones y servicios que decidan intervenir en las situaciones que ocasionan estas muertes, generando cambios y afirmando las decisiones que contribuyan a la pacificación del país, a la garantía de la vida y la protección de la integridad de niños y jóvenes.
Este total de 5.076 muertes violentas de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes, constituye el 42,7 % del total de muertes que ocurrieron en el país durante 2019 por homicidios y por “Resistencia a la Autoridad”.
Con estos datos, las tasas de homicidios y muertes por “Resistencia a la Autoridad” cometidos en contra de la población menor de 30 años se presenta en la siguiente tabla:
Resulta impactante verificar que las tasas que corresponden a los grupos de jóvenes y de adultos jóvenes casi dupliquen las tasas de mortalidad a nivel nacional.
En la tabla siguiente se clasifica a la población menor de 30 años fallecida violentamente según el sexo.
La tabla anterior muestra con mucha claridad las diferencias por sexo de la mortalidad por estas muertes violentas (Homicidios y “Resistencia a la Autoridad”). Las víctimas son 4.836 hombres y 234 mujeres. Analizando por cada grupo de edad, se observa lo siguiente:
- 60 de las 101 víctimas de 0 a 11 años son hombres.
- 342 de las 392 víctimas adolescentes de 12 a 17 años son hombres.
- 2.584 de las 2.659 víctimas de 18 a 24 años son hombres jóvenes.
- 1.850 de las 1.918 víctimas de 25 a 29 años son hombres jóvenes adultos.
La Tabla 4 permite examinar estos datos por grupos de edades en las mujeres y en los hombres. El 8% del total de homicidios contra mujeres ocurren contra niñas, 9% contra adolescentes y 26% contra mujeres jóvenes de 18 a 29 años de edad. El 43% de total de homicidios contra mujeres tiene como víctimas a niñas, adolescentes y jóvenes. Mientras que en el caso de los hombres la situación parece ser distinta, puesto que si bien es una cifra porcentual equivalente (un 45%) los niños y jóvenes hombres muertos por homicidios, la proporción de homicidios es claramente menor en niños y adolescentes (6%) en comparación con los jóvenes (39%).
El 41% de las muertes por “Resistencia a la Autoridad” ocurre contra jóvenes hombres entre 18 y 29 años de edad.
Miranda ocupa el primer lugar en muertes violentas en todas las categorías de edad, y en esta entidad federal destaca la mayor mortalidad en jóvenes de 18 a 24 años en comparación con todas las otras entidades y con todos los grupos de edad. En segundo lugar, y con altas cifras de mortalidad, se ubica el estado Zulia, que muestra igualmente como principales víctimas a los jóvenes de 18 a 24 años. Bolívar destaca como la tercera entidad en víctimas mortales, lo que se asocia al incremento de la movilidad de grupos asociados a la política de explotación de la riqueza mineral en ese territorio.
En todas las entidades federales del país, con solo tres excepciones, el grupo etario de mayor mortalidad es la población de 18 a 24 años de edad, que representa el 52% de las muertes en la población de 0 a 29 años.
Como dato a destacar está que entidades federales como Anzoátegui, Aragua, Falcón y Guárico es mayor las cifras de jóvenes muertos por “Resistencia a la Autoridad”, que las de jóvenes asesinados por homicidios. Es un dato muy relevante que fundamenta una de las principales conclusiones de este informe que objeta el tipo de políticas de seguridad pública en las que los cuerpos policiales actúan en forma equivocada, entendiendo que su misión es la de abatir a los presuntos delincuentes, o la erradicación de la violencia generando más muertes y violando lo dispuesto en la normativa constitucional y en los tratados internacionales de Derechos Humanos. La pacificación del país exige como prioridad el cumplimiento de la normativa legal y la garantía del derecho ciudadano a la vida como compromiso y valor para toda la población, y especialmente, como obligación del Estado para con las niñas, niños y los jóvenes, con quienes se tiene una deuda histórica y reiteradamente postergada.
Descenso de la esperanza de vida en los jóvenes venezolanos: el costo humano de ser uno de los países más violentos del mundo
Las altas cifras de muertes violentas de jóvenes venezolanos, además de la pérdida de vidas valiosas para las familias tiene importantes impactos negativos para el país, entre los cuales podemos destacar: pérdida de población económicamente activa; aceleración del proceso de envejecimiento demográfico; emigración masiva hacia el extranjero porque son jóvenes los que huyen, entre otras cosas, de la violencia e inseguridad; aumento en las tasas de mortalidad general y principalmente la de los hombres jóvenes; y descenso en la llamada “esperanza de vida”.
La esperanza de vida es un indicador síntesis en el estudio de la mortalidad de una subpoblación o población que puede reflejar fielmente el “estado de salud” y de bienestar que posea una sociedad en un momento dado; este indicador se refiere al número promedio de años que se esperaría pueda vivir un individuo o un conjunto de individuos bajo el contexto de una realidad social dada. Si una sociedad cuenta con bajos índices de pobreza en la población, estabilidad económica, seguridad agroalimentaria, índices relativamente bajos de violencia e inseguridad y un buen sistema público de salud, entre otras condiciones, la esperanza de vida mostrará valores elevados y con tendencia a aumentar en el tiempo, mientras esa realidad positiva se mantenga.
Por el contrario, si esa realidad social, en un momento dado, comienza a exhibir aspectos negativos para la población o sociedad, tales como: incremento de la violencia e inseguridad, deterioro acentuado del sistema médico-sanitario, resurgimiento de enfermedades de origen infecto-contagiosas y parasitarias, aumento de la pobreza, crisis económicas, entre otros, lo más probable es que la esperanza de vida retroceda.
Un estudio reciente realizado por investigadores del OVV en el estado Mérida, a través de unas estimaciones cuantitativas evidenció que en Venezuela la esperanza de vida de la población de jóvenes de 18 a 24 años de edad ha experimentado un retroceso sin precedente alguno en el país, al menos a lo largo de todo el siglo XX y hasta alrededor del año 2010. Estos datos revelan que las mujeres jóvenes perdieron entre 1,00 y 1,06 años de esperanza de vida en las dos últimas décadas, mientras que los hombres jóvenes presentaron una pérdida superior alrededor de 1,40 y 2,42 años en el mismo lapso. Estos datos indican que las mujeres y hombres jóvenes venezolanos de hoy en día vivirán menos años mientras las condiciones de violencia que se viven en la actualidad persistan. Es decir, en Venezuela se ha reducido la posibilidad de que los jóvenes puedan vivir más tiempo. Esto representa un retroceso de por lo menos tres décadas en cuanto a los años de vida que se habían ganado.
Otros resultados asociados a este análisis informan que, en promedio, del total de homicidios que se cometieron en el país en los últimos 20 años, entre el 58 y 59% eran hombres que tenían de 15 a 29 años al momento de su fallecimiento, siendo la edad estimada promedio de muerte 22,8 años. Asimismo, se estima que en Venezuela han ocurrido aproximadamente entre 174 y 177 mil homicidios de hombres jóvenes de 15 a 29 años de edad en ese mismo lapso.
El peso relativo porcentual de las muertes por homicidios entre los hombres jóvenes de 15 a 29 años, dentro del total de las muertes ocurridas en ese grupo etario, ha aumentado en las dos últimas décadas. A mediados de los años 90, los homicidios representaron un 29% del total de defunciones ocurridas en aquellos en esa franja de edad. En tiempos recientes, ese valor ya había aumentado a 49% (2014).
El aumento de las tasas de muertes violentas en las mujeres y hombres jóvenes, pero sobre todo en estos últimos, ha generado tanto impacto sobre la estructura de la mortalidad de Venezuela, que, desde los años 90, es posible observar cómo la curva de mortalidad del país exhibe un “abultamiento” entre las edades de 15 a 29 años. Esto se evidencia en la figura anexa que se muestra a continuación:
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