Muy lejos en la lista de prioridades del gobierno quedó la atención a la población infantil con retardo mental, discapacidad cognitiva, discapacidad visual o auditiva, autismo, parálisis cerebral y otras condiciones que para 2015 ascendía a 139.700 estudiantes, de acuerdo con el último registro oficial. Pese a que la educación especial es una de las propuestas del Plan de la Patria 2019-2025, hoy en día institutos públicos y servicios de atención se esfuerzan por mantenerse abiertos con déficit de hasta 60 % de personal especializado, el deterioro de sus infraestructuras, la carencia de recursos y de incentivos salariales.
Caracas. En un aula pública un niño de 8 años de edad con parálisis cerebral intenta señalar con manos y brazos un número en una cartilla de colores. Lo que para la mayoría es una tarea sencilla, para él representa una dificultad, pues sus extremidades carecen de la fuerza necesaria. A su edad debería poseer mayores habilidades motoras y para desarrollarlas acude a terapia dos veces por semana, sin embargo, desde que dos de las asistentes ocupacionales renunciaron este año es poco lo que ha podido avanzar.
A pocos metros de él, aferrados a sus sillas, otros siete niños y jóvenes lidian con los mismos impedimentos físicos. Uno de ellos está postrado. La única maestra del salón no se da abasto y aún le falta atender otro grupo de cinco alumnos.
Si el deterioro de la calidad educativa compromete el aprendizaje de los alumnos regulares, para los niños con necesidades educativas especiales la brecha es más acentuada. La escena descrita tiene lugar en las instalaciones del Centro de Parálisis Cerebral, un servicio de apoyo adscrito al Ministerio de Educación que brinda atención en la urbanización Santa Mónica. Eso en teoría, pues de sus servicios de orientación, rehabilitación y psicopedagogía solo se imparte el aprendizaje académico, y a duras penas.
La institución, fundada en el año 1983, subiste pese al desmantelamiento y con solo 30 % de su personal. Están en el limbo 45 recién nacidos, niños, jóvenes y adultos con trastornos motores que dependen de la educación especial gratuita para formarse y desarrollar potencialidades básicas. Odalis Viamonte, directora del centro, indicó que de 14 trabajadores que laboran en la institución, solo cuentan con tres docentes, una auxiliar y una fisiatra para asistir a esa población con dificultades de movimiento, equilibrio y postura.
Una población en riesgo
Desde principios de año a causa de las renuncias masivas y las jubilaciones en el Centro de Parálisis se quedaron con poco personal. No tienen terapista del lenguaje, psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, neurólogo ni trabajador social. Las salas dedicadas a las fisioterapias y otros espacios de rehabilitación permanecen intactos y con pocos materiales. Ya nadie se rehabilita ni juega en ellas desde que se suspendieron las terapias a finales de 2018. Tampoco tienen cocina, ventiladores, ni computadoras. El año pasado fueron asaltados en tres ocasiones y las instalaciones fueron desvalijadas.
Hasta el año anterior tuvimos 89 estudiantes de varios estados del país, pero las madres comenzaron a retirarlos por la falta de especialistas. Otras familias no los traen porque no tienen pañales o anticonvulsionantes que darles. A muchos docentes en esta área les da terror tratar con esta población por sus características, y a la mayoría no les motiva ganar entre 300.000 y 500.000 bolívares mensuales”, aseguró Viamonte.
Además de la preparación académica y la rehabilitación, el Centro de Parálisis se encargaba de acompañar a los alumnos para garantizar su incorporación a la educación regular en los planteles públicos, una misión que fue abandonada debido a la falta de recursos y personal. “Ya no podemos llevar a cabo las campañas de sensibilización para insertar a nuestros muchachos en las aulas. Ahora los dejamos a su suerte porque no podemos hacer nada más”, lamentó Viamonte. Por ahora, la institución busca hacer alianzas con los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) de la zona para remitir a los alumnos que requieren fisioterapias pero no han obtenido respuesta.
Escuelas e institutos en crisis
Pero más allá de las puertas del centro, esta realidad también arropa a las escuelas bolivarianas e institutos de educación especial en los que los pocos docentes que quedan se las ingenian para asistir a otra población cada día más creciente y olvidada: los niños con autismo, dificultades visuales, psicomotoras, cognitivas y otras condiciones asociadas.
Muy lejos en la lista de prioridades estatales quedó la educación especial, pese a ser una de las propuestas establecidas en el Plan de la Patria 2019-2025, como lo señaló el anterior ministro de educación Elías Jaua. Ya para 2015 los datos oficiales contenidos en la última memoria y cuenta publicada por esa cartera ministerial revelaban que de 978 planteles oficiales de educación especial, solo 652 fueron dotados con suministros, servicios y mejoras en la infraestructura, como parte de las medidas programadas para ese año. Hoy en día ese registro es un enigma, pues ya no se publican cifras y no se tiene acceso a una data poblacional actualizada.
Aunque el número de estudiantes con necesidades especiales se muestra discriminado en el documento de ese año, lo que no figura es la cantidad de docentes egresados en la modalidad de Educación Especial. El equipo de Crónica.Uno visitó el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología y la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) en busca de esta data, pero no se tuvo acceso a las estadísticas. El personal de ambos ministerios argumentaron que no contabilizaban la información requerida.
La únicas cifras que se manejan son las aportadas por la viceministra de Educación Especial, Gisela Toro, que aseguró en 2017 que había 4000 profesionales egresados del programa nacional de formación avanzada para atender a la población con necesidades especiales, un número que está muy lejos de suplir la demanda de personal.
Tal es el caso de la escuela bolivariana de educación especial Dora Burgueño, situada en la avenida Vollmer de San Bernardino. Allí, donde están matriculados 120 niños desde los 3 hasta los 15 años de edad con necesidades diversas, es más cuesta arriba sortear el déficit de maestros especializados, las fallas del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el deterioro de la infraestructura.
Pese a que el equipo interdisciplinario que labora en la institución está integrado por un trabajador social, una directora, 15 docentes especialistas, tres asistentes ocupacionales, un profesor de música y uno de educación física, la cantidad de maestros es insuficiente para atender de forma individualizada a los alumnos, que presentan déficit cognitivo, síndrome de Down, condiciones asociadas al retardo mental, autismo, trastorno de Cornelia de Lange –retraso del crecimiento psicomotor– y síndrome de Noonan –talla baja, dificultad de aprendizaje y de visión y audición.
Niños y jóvenes desatendidos en clase: los más vulnerables
Mónica Martínez, docente de la institución, indicó que solo tres maestros especializados disponen del apoyo de asistentes de terapia ocupacional en las aulas, donde hay ocho estudiantes en promedio. El resto se las ingenia para trabajar con los niños sin ninguna ayuda, lo que socava la atención individualizada, uno de los pilares de la modalidad educativa especial orientada a atender cada caso a través de adaptaciones curriculares diseñadas para la etapa inicial y el ciclo básico.
“Cada aula debe contar con un docente especialista y un auxiliar de terapia. Necesitamos por lo menos 21 asistentes para esta población, porque en nuestra situación apenas podemos atender efectivamente la mitad de alumnos por salón”, dijo.
Además de la falta del terapistas de lenguaje, asistentes ocupacionales, psicólogos y profesores de teatro y danza, el moho y la humedad hacen mella en las instalaciones, roídas por el paso del tiempo. Al deterioro estructural se añade la falta de iluminación en pasillos y salones. De 18 aulas que hay en el plantel, solo 15 están habilitadas para recibir a los niños.
Tampoco hay dieta o menús especializados. Pese a que el PAE llega cada 20 días, los rubros no están adaptados a sus necesidades. Los niños con autismo tienen contraindicado ingerir gluten, caseína, lácteos y trigo, pero los del Dora Burgueña comen lo que hay, aseguró Jesús Rivero, uno de los representantes que esperaba a su hijo a las puertas de la institución.
“Mi hijo tiene que comer aquí lo que sea, y así es con todos los alumnos. A veces no hay comida y los sueltan temprano. Otros días traemos los aliños, verduras y lo que haga falta, pero lo que más falla son los servicios básicos. Eso está rudo”, señaló.
Adriana Peña, otra de las representantes, coincidió con Rivero, pero lo que más lamentó fue la falta de terapias de rehabilitación, algo que ha afectado el desenvolvimiento de su hija de 11 años, diagnosticada con retardo mental severo: “Mi niña mejoró su lenguaje, porque al principio no se comunicaba de ninguna manera. Eso lo agradezco, pero estaría mucho mejor si hubiese terapistas. A ella le hacen mucha falta para mejorar, y no tengo para pagar uno privado con mensualidades en dólares”.
Para quienes carecen de recursos no hay alternativas y se agotan las garantías de acceso a una formación integral gratuita. En instituciones y colegios privados de educación especial las mensualidades van desde los 150 dólares en adelante, es decir, unos 7,2 millones de bolívares al mes lo que equivale a 24 salarios mínimos.
Crónica Uno
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