Capítulo: El peso de la migración forzada en niños, niñas y adolescentes venezolanos: Un drama sin respuestas gubernamentales
Carla Serrano Naveda
Angeyeimar Gil
El panorama de la situación general de Venezuela es particularmente abrumador en su último quinquenio, considerando que se han intensificado, multiplicado y «rutinizado» la mayoría de los serios problemas que vienen aquejando al país en lo político, económico, social e institucional. Aunque los costos de esta crisis sostenida han sido inconmensurables en distintos órdenes, en especial en las vidas y el bienestar de la población, todavía no se vislumbra un cese de las causas que originan su considerable escala, ni se han implementado respuestas acordes, integrales ni oportunas al daño causado a millones de personas en el presente, con indudable impacto en el futuro del país, incluidos grupos vulnerables como el conformado por niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA).
Desde 2015, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) venezolana3 alertaron a la comunidad internacional que el país enfrentaba una Emergencia Humanitaria Compleja (EHC), conocida por su origen político y gestada durante largos períodos de inestabilidad, que erosionaron las estructuras jurídicas, institucionales, económicas y sociales del país, hasta producir el derrumbe de las capacidades que sostienen a las instituciones responsables de garantizar la vida, la seguridad, las libertades y el bienestar de la población.
importante contribución de las OSC ha sido documentar y denunciar la magnitud de la EHC, lo que ha permitido conocer los impactos prolongados en la privación masiva y severa de los derechos económicos y sociales de los venezolanos. Una consulta realizada en 2020 a 114 OSC sobre la complejidad de la EHC en Venezuela, arrojó que los principales factores que impiden o retrasan la recuperación de la crisis son el irrespeto del Estado de Derecho, la dimensión e impunidad de la corrupción, las graves violaciones de Derechos Humanos (DDHH), la desestructuración de las instituciones públicas y la intensificación del deterioro económico.
La EHC se ha traducido en un proceso de empobrecimiento masivo. Las consecutivas mediciones de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida – ENCOVI así lo sostienen. Conforme a la metodología empleada hasta marzo 2020, 19 millones de personas (67%) se encontraban en pobreza extrema y 18,4 millones (64,8%) en pobreza multidimensional. Esta situación expone a las personas a severos niveles de privación y múltiples carencias en salud, educación y nivel de vida adecuado, sumándose el colapso de los servicios básicos, el cual causa que, por ejemplo, el 50% de las personas sufra interrupciones diarias del servicio eléctrico y el 53% que usa gas doméstico (bombonas) no lo recibe por semanas.
El severo deterioro económico en Venezuela, con una contracción acumulada del PIB mayor al 60% durante 8 años seguidos, se agravó con la pandemia por COVID-19, que implicó el cierre de empresas y establecimientos comerciales, así como el establecimiento de semanas de cuarentena radical en las que la movilidad fue seriamente restringida, impactando especialmente a las personas con trabajos informales. En este contexto, 5,1 millones de personas dependían de la asistencia económica estatal, limitada para garantizar un nivel de vida adecuado y sujeta a mecanismos discriminatorios de control político.
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