“Me voy porque tengo dos hijos adolescentes y me da terror que los confundan con delincuentes”, es el miedo que tienen muchas madres de la Cota 905 y El Cementerio. En el operativo para encontrar a los cabecillas de la megabanda que opera en la zona, cientos de funcionarios de seguridad tomaron el barrio y muchas personas decidieron salir con sus hijos por temor a que pudieran ser víctimas de reclutamientos por parte de las bandas, de las balas perdidas o de las ejecuciones extrajudiciales.
Tras los intensos tiroteos que ocurrieron entre el 7 y el 9 de julio en el sector, algunos habitantes de la Cota 905 y El Cementerio bajaron de sus hogares en buscas de refugio temporal para evitar ser víctimas de la violencia armada, como fue el caso del niño Alberth López, de 11 años de edad, quien murió en el hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, el 11 de julio, después de ser trasladado tras recibir un impacto de bala en la cabeza.
Con bolsos tricolores, algunos con colchonetas sobre la cabeza, y bolsas plásticas en las manos se vieron personas desplazadas por la violencia armada en la avenida Los Laureles, en la Av. Nueva Granada, cerca del terminal La Bandera y en los alrededores del puente 9 de Diciembre, en El Paraíso; todos huían de las noches de terror que provocaron las detonaciones de armas de fuego.
Carla Serrano, secretaria general de la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna), asegura que lo ocurrido con las personas que huían de sus casas mientras sucedían los enfrentamientos es de mucha preocupación, porque pareciera que las familias y los niños, niñas y adolescentes (NNA) están a la intemperie, desprovistos y huérfanos de respuesta institucional.
Para Serrano, “el Estado en algún momento debería reconocer que la gente huyó ante el temor que en ese operativo llegaran arrasando con todo”.
“En una lógica de sálvense quien pueda, ellos a su riesgo y cuenta tienen que intentar resolver y una manera que históricamente han usado las personas para ponerse a salvo es huir de la zona de conflicto y la zona de la violencia”, explica la defensora de los derechos de los NNA.
Sin registro de desplazamientos
Hasta el momento no se conoce si hay un registro de cuantas personas se fueron de las barriadas en conflicto por la violencia o cuántas han podido regresar a sus hogares. El Estado tampoco ha revelado esta cifra.
“Uno necesitaría autoridades competentes que estén llevando adelante políticas y programas por ejemplo a nivel municipal, programas de protección a la familia que se ven desplazadas temporalmente de sus hogares por estas situaciones”, señala Serrano.
Serrano manifiesta que los desplazamientos temporales que se vieron entre vecinos de la Cota 905 y El Cementerio, violan el derecho a la integridad personal, que incluyen los aspecto físicos, mentales y emocionales. La especialista considera que también está en riesgo la salud. “Están superdocumentados todos los daños que genera la violencia en cualquier ser humano y en un niño, niña o adolescente aún más”, dice.
La defensora de derechos humanos explica que pareciera que las autoridades no se caracterizan por llevar a cabo políticas públicas para tomar decisiones que se anticipen y que de manera preventiva vayan dos o tres paso delante de lo que está ocurriendo en la realidad.
La especialista indica que mucho antes de hablar de estos movimientos y estos desplazamientos tendríamos que hablar de cómo esta zona siguen siendo zonas de exclusiones, de vulnerabilidades estructurales que siguen estando presente y no estas atendiendo lo básico.
A Serrano le cuesta imaginarse que el Estado iba a tener la capacidad de anticiparse para atender a las personas que resultaran vulneradas durante el operativo, como por ejemplo los desplazados temporales. “La gente dijo: yo mejor me muevo antes de que vengan o se pongan realmente en riesgo mi integridad personal y mi vida”, añade.
Para la secretaria general de la Redhnna, la violencia tiene consecuencias directas y también muchas indirectas porque este tipo de traslados de viajes pueden ser formas de desarraigo difícil de superar, porque además sino cuentas con el apoyo psicológico adecuado no tienes como procesar el estrés para impedir que el conflicto se convierta en un trauma.
“Ningún ser humano desearía crecer rodeado de tantas manifestaciones de violencia, ningún ser humano desearía para sí y para su descendencia y ascendencia el tener que estar en un entorno tan hostil, complejo y difícil, porque además este es un entorno signado por unos niveles de violencia como por ejemplo los que hemos estado experimentado en la Cota 905, en los últimos tiempos. Por supuesto afectan el desarrollo integral y armónico de las niñas, niños y adolescentes”, complementa Serrano.
Estabilidad emocional
Carlos Trapani, abogado e integrante del equipo de Cecodap, dice que en el servicio de atención psicológica de la organización siempre han insistido en que los contextos de violencia, sobre todo en violencia armada, afecta la estabilidad emocional de los niños.
La ONG ha identificado un porcentaje importante en la alteración del estado de ánimo de los niños, niñas y adolescentes, y eso tiene que ver con cuadros depresivos, de tristeza, frustración y rabia.
“Una de las preocupaciones que al menos a mí me genera del impacto que tiene la violencia armada en los niños es la normalización de la violencia, o sea como para mantener el orden en una comunidad hay que hacer el uso de la fuerza, de la violencia y nos alejamos del concepto de ciudadanía”, explica el defensor de derechos humanos, en un contacto telefónico con Efecto Cocuyo.
Trapani afirma que en este contexto de violencia armada generalmente representa cambios abruptos en la vida de los niños porque se alejan de sus comunidades, de sus familias y esto es un indicador de la afectación emocional que pueden tener los niños en un contexto de violencia armada.
Las imágenes de las personas junto a sus hijos escapando de la violencia armada que azotó al suroeste de Caracas, y de los grupos armados accionando en contra de los efectivos se seguridad, muestran como la violencia ha tomado ventaja en la zona, y en medio de ella quedan atrapados ciudadanos que en su mayoría no tienen nada que ver en el conflicto.
Durante los días de intensos tiroteos en la Cota 905 y sectores aledaños murieron más de 30 personas, muchas de ellas a causas de balas perdidas o de quedare en medio de la disputa entre delincuentes y funcionarios policiales.
“Proceder con violencia implica la normalización de la violencia, y obligamos a los niños a acostumbrarse a contextos que no son normales si nosotros normalizamos la violencia y nos insensibilizamos frente a la violencia evidentemente hay una fractura en el tejido social y es una sociedad profundamente herida y lastimada en un contexto de violencia”, destaca el coordinador general de Cecodap.
Ante los grupos de desplazados que se vieron caminando por las calles del suroeste capitalino, Trapani indicó que el Estado debió tomar medidas paliativas frente al impacto de los sucesos en la población civil, que fue víctima de estos operativos.
Apuntó que antes del operativo el Estado debió preparar refugios, asistencia médica y asistencia psicosocial.
“Vimos en redes sociales y reseñados por medios de comunicación a un adolescente que recibió un impacto de bala en la cabeza y ese adolescente falleció. El video y la fotografía que se publicaron dan cuenta de cómo la familia estaba corriendo con el adolescente en brazos, esas medidas de prevención evidentemente no se tomaron en cuenta, tampoco hubo algún tipo de acompañamiento psicosocial después del conflicto, continua la presencia policial en algunos puntos de esa comunidad, eso lo que hace es institucionalizar el miedo y eso evidentemente constituye un ambiente hostil para el desarrollo de los niños”, dijo Trapani.
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