19/07/2023. Fuente: DW
Casi 7.000 niños, niñas y adolescentes venezolanos migrantes en Argentina esperan hasta tres años para recibir el Documento Nacional de Identidad (DNI). La regularización es un paso fundamental que deben dar los países de acogida a los migrantes para asegurar la integración plena y el ejercicio de derechos, especialmente cuando se trata de menores de edad.
Erismar, su esposo Miguel y su pequeño hijo Marcelo emigraron de Venezuela con la esperanza de reconstruir sus vidas en Argentina. De inmediato emprendieron los trámites para obtener el documento de identidad del niño de apenas un año de edad que, en definitiva, le permitiría integrarse con plenitud de derechos a su nuevo país. La espera se prolongó por casi tres años; tres años durante los cuales Marcelo, como otros 7.000 niños y niñas venezolanos, permanecieron o permanecen al margen.
Aunque la familia estuvo un año haciendo todos los trámites necesarios para salir lo “mejor preparados” de Venezuela, se impuso la premura de huir y el niño llegó a Argentina sin pasaporte; solo contaba con un certificado de nacimiento que no era suficiente para tramitar su DNI, según las autoridades migratorias del país en ese momento.
El día de la cita en la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) le tomaron las huellas al pequeño, pero a su madre le advirtieron que el trámite de regularización de su hijo quedaría “intimado”, es decir paralizado, ya que no contaba con la documentación necesaria para acreditar su identidad, en su caso un pasaporte o cédula del país de origen. Erismar le explicó al funcionario que la atendió que la partida de nacimiento era el documento de identidad de su hijo, pero este no entendió. La madre se fue cargada de incertidumbre y angustia, pues era prioritario garantizar el acceso a la salud y a la educación de su hijo.
Cuando un niño o niña nace en Venezuela, su único documento de identidad hasta los nueve años es la partida de nacimiento, que es similar al certificado de nacimiento argentino, pero sin huellas, foto o un número que permita reafirmar la identidad.
En 2020 Erismar dio a luz a su segundo hijo, y allí entendió la diferencia de los trámites para acceder a la identidad en Venezuela y en Argentina. Mientras a su hijo venezolano no le darían una cédula de identidad venezolana hasta alcanzar los nueve años, su hijo argentino antes de los tres meses de nacido ya tenía un certificado de nacimiento con huellas y un número de identidad. Más importante aún: tendría su Documento Nacional de Identidad (DNI) con su foto, datos y huellas.
El caso de Marcelo no es aislado, pues entre 8.000 y 9.000 niños, niñas y adolescentes (NNA) venezolanos migrantes en Argentina se encontraban en la misma situación a finales de 2019, según indicó la Directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano. La mayoría de los casos correspondían a menores de nueve años que habrían viajado solo con certificado de nacimiento, no tenían DNI venezolano o se les había vencido el pasaporte al llegar al país. En cualquiera de los casos, no podían tramitar su documento de identidad en Argentina: 9.000 niños intimados, invisibilizados.
La ruta en procura de documentos de identidad en Argentina contrasta con lo que ocurre en Venezuela.
Erismar recuerda que cuando ella y su esposo decidieron migrar querían hacerlo con la mayor previsión posible. En sus palabras: “una migración ordenada, responsable”. Su hijo nació en marzo de 2018, de inmediato iniciaron los trámites para onbtener el pasaporte del niño y les dieron cita para acudir a las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en mayo. Pero desde entonces comenzó una indefinida espera por la impresión del documento, cosa que nunca ocurrió pues el organismo cometió errores que no resolvió oportunamente.
Así fue como en enero de 2019 compraron los boletos para migrar a Argentina. La situación económica de la familia seguía empeorando. Marcelo necesitaba vacunas, algunas de las cuales cuestan hasta 150 dólares y no estaban siendo suministradas por el Estado venezolano. Después de un año de espera por el pasaporte, los padres decidieron iniciar su tránsito hacia Argentina y otorgaron un poder a un familiar para persistir en la obtención del documento. Venezuela persiste en negarle su derecho a la identidad.
Madres que alzan la voz
En Venezuela protestar puede ser considerado un delito que, en casos extremos, acarrea prisión. En Argentina es diferente: hay protestas todos los días, en todas partes y por los motivos más diversos y, en general, ello no implica mayor riesgo para las personas que manifiestan su descontento públicamente.
Esto lo entendieron las madres venezolanas que habían migrado a la Argentina. Madres con hijos “intimados” se organizaron, crearon grupos en WhatsApp, abrieron una cuenta de Instagram, compartieron sus historias en defensa del derecho a la identidad y fundaron un movimiento
Solución temporal
En julio de 2021, la DNM anunció una nueva disposición 1891/2021 que pretendía regularizar el derecho a la identidad de 6.800 niños, niñas y adolescentes indocumentados que ingresaron al país solo con partida de nacimiento. Así dejaría sin efecto a la disposición 520/2019, vigente desde enero de 2019 y que permitía el ingreso al país de menores de edad venezolanos sin cédula ni pasaporte. No podrían entrar más menores de edad sin pasaporte, pero los que entraron podrían regularizar su situación. Un derecho por otro.
Aunque de manera provisoria, con la nueva disposición los niños, niñas y adolescentes venezolanos migrantes y refugiados podrían acceder al Documento Nacional de Identidad (DNI) argentino para que pudieran gozar de más derechos, como ir a la escuela, acceder al sistema de salud público o afiliarse a un plan sanitario privado.
En la presentación de la disposición, la Directora de Migraciones, Florencia Carignano afirmó: “con la firma de esta disposición otorgaremos DNI provisorio para casi 7.000 niños, niñas y adolescentes venezolanos. Y a partir de hoy encararemos encuentros con todos los organismos aquí presentes para solucionar definitivamente los problemas de documentación, de modo que cada niño, niña y adolescente acceda a un DNI permanente”.
“Cuando llegamos al organismo nos encontramos con un gran problema. En aquel momento había aproximadamente entre 8.000 y 9.000 niños y niñas adolescentes venezolanos que no podían acceder a algo tan básico como el DNI del país al que habían elegido para vivir, estudiar y trabajar”, aseguró la funcionaria Carignano.
El DNI concedido a niños, niñas y adolescentes migrantes tendría una vigencia de dos años y permitiría que los menores de edad accedieran a servicios de salud y educación. El lapso de dos años fue empleado por padres, madres y representantes para tramitar los documentos requeridos para obtener un DNI permanente que acredita la residencia en Argentina.
Entre los beneficios que estableció la última disposición fue poder tramitar un documento provisorio solo con partida de nacimiento, sin necesidad de estar legalizada o apostillada. Sin embargo, se concedieron apenas 60 días para que todas las personas afectadas se registren en el sistema de identificación a distancia (RADEX) y, cuando fuera el tiempo de renovar el DNI sería indispensable una cédula o pasaporte venezolano. Además, con el vencimiento de la disposición 520/2019, no podrán volver a ingresar al país menores de edad solo con partida de nacimiento, documento de identidad legal en Venezuela para menores.
Historias paralelas
La historia de Maria Isabel y sus hijos es similar a la de Erismar, pero con algunas diferencias. Los dos pequeños de María Isabel, que tenían ocho y nueve años de edad en marzo de 2019, cuando llegaron a Argentina, sí tenían pasaporte, pero su partida de nacimiento estaba sin apostillar. Eso fue un obstáculo insalvable cuando intentaron obtener el DNI de ambos menores y, al igual que Marcelo, fueron intimados.
Con la paralización del trámite, el pasaporte se les venció y no contaban con el dinero necesario para resolver ambos documentos en la embajada venezolana en ese momento: apostillar la partida de nacimiento y renovar el pasaporte.
“Así fue pasando el tiempo, ya llevamos acá tres años y a los niños no les ha salido el DNI. Me piden la apostilla de la partida de nacimiento y un documento de identidad vigente”, explica Maria Isabel. Ella recibió el seis de agosto de 2021 un correo de la DNM que le aseguraba ser parte de las familias que se beneficiarían con la nueva disposición, sin embargo en septiembre de 2022 ambos hijos seguían sin DNI.
En abril de 2022 Maria Isabel logró ahorrar el dinero necesario para avanzar con la renovación de los pasaportes de sus dos hijos: 150 dólares al momento de la solicitud y 80 dólares al momento de la expedición del documento; un total de 460 dólares. Después de cinco meses, seguía esperando respuesta de la Embajada de Venezuela en Argentina.
Desde abril hasta septiembre, siguió esperando el turno para ir a la embajada venezolana a renovar su trámite. 300 dólares para iniciar el trámite, cinco meses sin respuesta. Con pasaportes venezolanos vencidos y sin DNI argentino.
El derecho más vulnerado
Para Carlos Trapani, coordinador general de Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), una organización no gubernamental venezolana pionera en la promoción y defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, el derecho a la identidad es el más vulnerado en contextos de movilidad humana y tiene un impacto diferenciado en niños, niñas y adolescentes.
Según el experto, la violación del derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados es una situación pluriofensiva: “No solo vulnera el derecho a la identidad, a portar documentos públicos de identificación, sino que se vulneran otros derechos: a la familia, a estar escolarizado, a acceder a servicios públicos de salud y de educación. Hay una realidad muy compleja que gira en torno a la falta de documentos de identidad”.
“El no tener documentos de identidad es la peor violación a los derechos humanos porque eres invisible juridicamente, y al ser invisible juridicamente no puedes ser considerado sujeto de derecho”, Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap.
Cuando un niño, niña o adolescente en situación de movilidad no tiene documento de identidad aumentan los factores de riesgos: trata, sustracción, explotación, advierte Trapani. Explica que tanto el Estado de origen como el Estado de destino son responsables y menciona dos aspectos clave: “uno, la protección que tiene el niño independientemente de su nacionalidad; y dos, tener en cuenta el contexto social, jurídico e institucional que impera en Venezuela y hace difícil que las familias obtengan estos documentos”.
Sobre la responsabilidad del Estado venezolano, Trapani advierte que, independientemente del país donde se encuentre un niño, niña o adolescente, el Estado venezolano debe garantizar los mecanismos y procedimientos para un pleno ejercicio de su derecho a la identidad.
Niñez migrante sin fronteras
Los niños, niñas y adolescentes en contextos de movilidad humana están expuestos a una doble o triple situación de vulnerabilidad: “la combinación de factores de edad, condición migratoria y situación documentaria hace necesaria una protección particular”, indica el informe de la campaña “Por una niñez sin frontera”, de la Corporación Colectivos sin Fronteras y la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile.
Así pues, ser menor de edad y migrante es una situación de interseccionalidad que amerita una doble protección. La primera está establecida en la Convención Sobre los Derechos del Niño y la segunda en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Ambos instrumentos sirven para interconectar las variables niñez y migración y, en definitiva, optimizar las garantías de derechos.
A tales efectos, es necesario “generar un marco de protección en el que ser niño prime sobre el hecho de ser migrante”, acota el referido informe . En ese sentido, Trapani propone que los Estados adopten protocolos transfronterizos que garanticen la protección: “Estos protocolos deben ser creados desde el doble enfoque: ser niño y ser migrante, pero teniendo como prioridad el interés superior de la niñez”.
“Tomando en cuenta esa realidad, yo como Estado facilito mecanismos y procedimientos, adecuo la legislación que garantice la regularización y la mayor cantidad de derechos por el mayor tiempo posible”, abunda el defensor de derechos humanos.
La migración venezolana es forzada y corresponde a una situación de precariedad en el país que conduce a considerar la huida del país como una opción de supervivencia. “No tener documentos de identidad no hace que las familias dejen de migrar, sino que hace la migración más insegura”, agrega el experto.
Desiré Santander es miembro de la Unidad de Datos de Infobae, medio en el que se publicó este artículo. La producción se realizó en el marco del proyecto Puentes de Comunicación, una iniciativa impulsada por DW Akademie junto al medio digital venezolano Efecto Cocuyo y el medio salvadoreño El Faro que cuenta con la financiación del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.
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