El incumplimiento por parte del Estado en garantizar la vida en dignidad genera graves daños físicos y emocionales en niños, niñas y adolescentes (NNA). Son evidentes las fallas estructurales de equipamiento, dotación de instituciones y programas que deben prestar sus servicios con niveles de calidad porque de ellos depende la salud y el bienestar de NNA como personas en situación de vulnerabilidad.

Entre enero y abril de 2020 se identificaron graves fallas en el suministro de gas doméstico y la violación de normas para el manejo y recarga de las bombonas en las que se distribuyeron, generando situaciones de alto riesgo, algunas de ellas, mortales. Al menos 6 NNA sufrieron lesiones por estallidos y quemaduras en 4 estados del país (Caracas, Apure, Bolívar y Apure), y, en este último, una niña (2) perdió la vida.

La falta de combustible genera situaciones lamentables e irreparables como el fallecimiento de un niño por deshidratación en el municipio Torres en Lara al no poder ser llevado al hospital, a pesar del esfuerzo de su madre, quien invirtió 24 horas buscando un vehículo con gasolina para su traslado. Similarmente, una parturienta dio a luz en una estación de servicio de combustible cuando intentaba llegar al hospital y un adolescente no pudo recibir su tratamiento y la transfusión de sangre que requería su condición de salud, por no contar con algún medio para ir hasta el Hospital J.M. de Los Ríos.

Cientos de conductores en todas las regiones de Venezuela esperan por horas e incluso días en las afueras de las estaciones de servicio para intentar surtirse de combustible, mientras presencian fenómenos como la formación de “colas paralelas “, la “venta” de puestos en la fila y el establecimiento de un mercado negro de gasolina con precios que fluctúan entre 1 y 5 dólares el litro.

En la mayoría de los estados del país se registran noticias sobre deficiencias, fallas y prestación insuficiente de servicios de transporte; se indican como problemas: el aumento del costo del pasaje, la falta de dinero en efectivo para pagarlo y las ya citadas limitaciones para acceder al combustible.

En medio de la pandemia, una embarazada no pudo ser atendida en el hospital de la región de Barlovento, estado Miranda y fue referida a la Maternidad Santa Ana en Caracas sin brindarle ningún apoyo para su traslado, aduciendo la escasez de combustible y la ausencia de algún medio de transporte

Según reporte de varias ONG, 82% de la población en Venezuela declara sufrir problemas en el suministro de agua potable. La carencia de agua puede tener resultados desastrosos como lo acontecido a un adolescente en el estado Bolívar quien murió tapiado mientras construía un aljibe para intentar paliar la falta de agua en su vivienda.

A este panorama se suman fuertes y constantes fallas eléctricas, especialmente en los estados Mérida, Zulia, Táchira, Trujillo, Barinas y distintas zonas de Caracas, donde los cortes son por varias horas y varias veces al día. El impacto en la cotidianidad de NNA y sus familias involucra aspectos como la conservación y preparación de los alimentos, los hábitos de estudio y de higiene (incluyendo su asistencia a la escuela), los momentos de ocio y entretenimiento e, incluso, las horas de descanso. Además, varios estados del país se han quedado sin conexión telefónica y de internet de la estatal CANTV por cortes de fibra óptica y otros actos vandálicos. Nueve estados se quedaron sin conexión debido a apagón eléctrico.

La red de aguas negras en 12 edificios de la localidad de Camurí Grande en el estado Vargas, colapsó desde hace un año y tres meses, lo que afecta a 192 familias. Sigue sin repararse el daño y las aguas putrefactas están expuestas causando enfermedades en la piel e infecciones respiratorias a NNA.

Así, el país se enfrenta al confinamiento decretado por la COVID-19, sin transporte, electricidad, conexión telefónica y de internet, combustible y mucho menos servicio regular de agua potable a sabiendas que la primera y principal medida de prevención es el lavado constante de manos, de la ropa y de las superficies.

Inflación insostenible. Bienestar expoliado

Desde el año 2017, el país vive una situación de hiperinflación que, para abril de este año se ubicó en 80% mensual y 4.210% interanual. La falta de respuesta oficial para solucionar este problema, y los magros ingresos mensuales que percibe gran parte de la población (apenas 4,6 dólares al mes a tasa oficial) obligan a buscar estrategias de sobrevivencia: algunos padres migran dejando a sus hijos en condiciones de indefensión, como fue el caso de un niño de 3 años en Caracas, dejado al cuidado de un tío quién abusó de él hasta causarle la muerte. O los casos reportados de NNA que han sido ingresados en entidades de atención, o los que se encuentran en situación de abandono, indigencia y viviendo en la calle expuestos a enfermedades, explotación, hambre y otras violencias.

Por falta de recursos, muchas familias no pueden adquirir los productos de la canasta básica, medicinas u otros bienes esenciales. Ello se ha agravado por efecto de la cuarentena, que ha dejado sin medios de subsistencia a quienes dependen de la economía informal, la prestación de servicios no esenciales o con trabajos a destajo. Las tensiones en el hogar debido a las fallas de los servicios y la ausencia de combustible, pueden tornarse intolerables a causa de la frustración de padres, madres y otras personas cuidadoras, degenerando en situaciones de maltrato, humillación y hasta riesgo de vida para NNA.

Es evidente el deterioro del estándar de vida de toda la población, con impacto apreciable en NNA. La pésima calidad e irregularidad en la prestación de bienes y servicios básicos obliga a incurrir en gastos imprevistos para paliar su carencia o recurrir al mercado negro para adquirirlos a precios de usura. De esta forma, el bienestar se ha convertido en un privilegio solo accesible para quienes pueden pagarlo.

Dignidad inalienable Aún en medio del contexto tan negativo que se describe, se evidencia gran resiliencia que la sociedad venezolana posee para superar esta adversidad. Desde la sociedad civil siguen surgiendo propuestas para dar acompañamiento psicosocial gratuito a las familias y brindarles atención primaria en salud o alimentación, mientras que grupos de solidaridad comunitarios se han venido conformando de manera orgánica para asistir a quienes, de su entorno, están en condiciones de mayor vulnerabilidad (personas mayores, que tienen alguna condición de salud persistente o poseen muy poco o ningún ingreso). Ciertamente, el Estado venezolano tiene mucho que rendir por el expolio de la dignidad de la población a la que debe su servicio, pero, por fortuna, la gente no renuncia a su derecho al bienestar y lucha denodada y permanentemente por obtenerlo.

Reportaje elaborado por la Red de derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes

Edición y producción a cargo de Caleidoscopio Humano

Gracias al apoyo de Tejiendo Redes de infancia, con el apoyo de la Unión Europea para América Latina

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