Sin respuestas urgentes de protección a niños, niñas y adolescentes en la situación humanitaria de Venezuela
Prólogo
La censura oficial y la crisis económica son apenas dos de los factores que, en Venezuela, afectan directamente el acceso a una información libre, oportuna, verídica y plural. En el caso de la niñez y adolescencia del país, no existen datos desagregados, emanados de una autoridad competente en el tema de infancia, que den cuenta del cumplimiento de los derechos fundamentales de esta población. Ello motivó a que la REDHNNA considerara relevante activar en 2019 un monitoreo semanal de 28 portales de medios digitales y redes sociales, así como reportes de 10 ONG nacionales y globales, a partir de los cuales se logró sistematizar y conocer las distintas afectaciones a su bienestar que afrontan niños, niñas y adolescentes, NNA, en el contexto de la emergencia humanitaria que vive el país.
La consulta de 371 hechos noticiosos durante el primer semestre de 2019 y de 466 noticias de 11 medios digitales registradas y categorizadas durante el primer trimestre de 2020, para su análisis según las normas mínimas para la protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, NMPNA, se señalan acciones y omisiones relevantes del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Idenna, en seis áreas fundamentales de la protección a la infancia y adolescencia en este periodo: Salud y nutrición, seguridad alimentaria, educación, vida digna, seguridad e integridad personal, y justicia. Ello con miras a evidenciar la situación de desamparo en la que se encuentran NNA en el país, pero también buscando incidir en la mejora de la respuesta oficial para brindar protección con atención a los compromisos humanitarios asumidos por el país de acuerdo al marco legal vigente internacional.
Salud en postración
A la fecha, las cifras de mortalidad materna, infantil y neonatal presentan un retroceso de 60 años y la reaparición e incremento de la malaria (788.077 casos), sarampión (365 personas) y tuberculosis y sífilis (309 gestantes y 176 niños y niñas), cuya propagación se atribuye más a la pobreza que al contagio. En marzo se registraron 800 casos de paludismo semanales en el estado Sucre.
El gobierno anunció la creación de la tarjeta Salud-Petro y afirmó que el 2019 fue exitoso en materia de salud con 95% en cobertura de inmunizaciones. Sin embargo, las noticias indican que no hay acceso a vacunas indispensables en los primeros meses de vida y la mora quirúrgica en un hospital pediátrico tan importante como el J.M. de Los Ríos sobrepasa los 4.500 niños, mientras que, en la Maternidad Concepción Palacios, de 300 operaciones mensuales, apenas se hacen 56.
La ausencia de insumos, infraestructura decadente, insalubridad, falta de medicamentos (3.000 NNA con VIH sin antirretrovirales), cierre de servicios, éxodo, protestas gremiales, afectación por servicios básicos, encarecimiento de medicinas y material médico, hablan de un sistema de salud al borde del colapso.
Los niños hospitalizados en el Servicio de Hematología del J.M. de los Ríos solo pueden recibir transfusiones si cuentan con donantes de sangre. Julio Rangel (11) y Víctor Pino (12), atendidos respectivamente en los servicios de hematología y nefrología del citado hospital, fallecieron en enero a la espera de trasplantes. Ambos estaban protegidos por las Medidas Cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ampliara para 13 servicios de ese centro de salud en 2019.
La Salud y nutrición para la niñez indígena
La población warao, ubicada en Bolívar y Delta Amacuro, carece de agua, electricidad, vías asfaltadas, hospitales públicos o servicios funerarios. Al menos 10 niños de esta etnia murieron por desnutrición y por lo menos 2 infantes (2 y 6 meses) del sector Cambalache, estado Bolívar, fallecieron tras presentar vómito y diarrea. También de 2.100 niños atendidos por Unicef Venezuela en febrero, 840 se encontraban bajos de talla respecto de su edad y 640 estaban bajos de peso o en riesgo de desnutrición aguda. Solo entre el 5 y el 7 de febrero se reportaron 13 casos de desnutrición en lactantes entre 0 y 11 meses.
Niñez y adolescencia en estrés
A los distintos hechos de violencia intrafamiliar y de género, para los cuales NNA no cuentan con protección, se suma la violencia estructural y falta de condiciones, programas, acciones, tratamientos o acceso a medicamentos, para afrontar el incremento de afecciones emocionales, psicosociales y trastornos mentales causados por la angustia y las privaciones que la situación nacional general.
Una adolescente (15) sufrió un intento de secuestro en Trujillo, y una bebé (5 meses) fue secuestrada por su padrastro por 11 días para obligar a la madre a mantener la relación. Similarmente, en Monagas, dos adolescentes fueron retenidas durante horas de la noche por efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, CONAS, para presionar la entrega de un dirigente gremial que había denunciado la falta de insumos hospitalarios.
En febrero, las afecciones emocionales y de sueño que sufren NNA por las constantes fallas eléctricas motivaron una protesta ante la Defensoría del Pueblo de Mérida.
COVID-19 y cuarentena
Las complicaciones preexistentes del sistema de salud se agravan con la pandemia del COVID-19 y el impacto del confinamiento decretado contra el contagio.
Existe preocupación por la escasez de personal y de insumos necesarios para hacer frente al virus. Los centros de salud han sido militarizados y se ha verificado represión, hostigamiento y detención a personal de salud, especialmente médicos, que denuncian la realidad en los hospitales.
La cuarentena complica la atención de personas con condiciones crónicas de salud o con alguna discapacidad. Ejemplo de ello es el de NNA con condición de autismo, quienes requieren medidas especiales de alimentación y de confinamiento que no han sido consideradas.
Ocho etnias indígenas: yekwana, sanema, jivi, piaroa, kariña, pemón, piapoco y wayúu afirman haber recibido muy poco apoyo para frenar la pandemia. Ni siquiera cuentan con suministro regular de agua potable. La precariedad en sus condiciones de vida y la falta de asistencia les hacen especialmente vulnerables ante el COVID-19.
De los 143 casos de COVID-19 diagnosticados al 31 de marzo, cuatro fueron niños y niñas.
Reportaje elaborado por la Red de derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes
Edición y producción a cargo de Caleidoscopio Humano
Gracias al apoyo de Tejiendo Redes de infancia, financiado por la Unión Europea para América Latina
Reporte en inglés:
