Fuente: Fe y Alegría. – Gloria Perdomo, coordinadora nacional del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) y defensora de los derechos de la niñez en la Redhnna, expresó su preocupación por las denuncias de violaciones a los derechos humanos que se habrían cometido en las detenciones de niños, niñas y adolescentes en el marco de las manifestaciones poselectorales.
En sus declaraciones este viernes en el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias, Perdomo señaló que privarlos de derechos fundamentales, como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el acceso a información tanto para ellos como para sus familias contradice lo establecido en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) y en la Constitución venezolana.
“Aunque el Título V de la Lopnna establece de forma clara que los adolescentes tienen la responsabilidad de responder por sus actuaciones en la medida de su culpabilidad, debe ser con un sistema especializado para su atención”, resaltó.
De acuerdo con la ONG Foro Penal, 86 adolescentes detenidos en manifestaciones postelectorales han sido excarcelados con medidas cautelares, mas no recibieron la libertad plena.
Perdomo subrayó que el artículo 544 de la Lopnna establece que todo adolescente tiene derecho a contar con un abogado privado, y solo si no dispone de uno, el Estado debe asignarle un defensor público.
Hizo un llamado para que se verifique la actuación de las autoridades judiciales encargadas de los casos, ya que la Lopnna y el artículo 78 de la Constitución dictan que jueces y fiscales especializados en adolescentes deben atender estos casos, siguiendo los procedimientos ajustados a la ley.
Papel de la Defensoría del Pueblo
Insistió en que se revisen posibles detenciones y procesos judiciales que podrían calificarse como injustos o arbitrarios, advirtiendo que las autoridades pueden corregir e, incluso, impugnar tales acciones si es necesario.
Según ella, la Defensoría del Pueblo debe ejecutar dicha acción, ya que su mandato en el artículo 170 de la Lopnna es velar por los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes encarcelados o bajo medidas de privación de libertad, inspeccionar los centros de reclusión e informar su ubicación a sus parientes, entre otras funciones.
De acuerdo con la experta, es fundamental “garantizar que los juicios sean educativos, porque el propósito de la justicia penal para adolescentes es la educación, la formación y la restauración, en lugar de castigar o buscar venganza por parte del Estado o la sociedad contra ese adolescente”, tal y como lo establecen las leyes venezolanas y los tratados internacionales.
Solicitudes de la Redhnna
Instó a la Defensoría del Pueblo a presentar un informe sobre la situación de los derechos humanos de los adolescentes sometidos a juicio o privados de libertad en las últimas semanas.
La coordinadora nacional del OVV solicitó además una revisión del cumplimiento de las garantías y de las acusaciones, destacando que debe existir evidencia clara de la participación individual de cada adolescente en los hechos punibles.
“De no ser así, las sentencias deben ser debidamente modificadas porque un enjuiciamiento por terrorismo, un delito tan grave como ese, tiene consecuencias en la vida del acusado”, enfatizó Perdomo.
Asimismo, exhortó a los padres de los detenidos a conocer y exigir sus derechos, así como a denunciar cualquier incumplimiento.
Finalmente, recordó que tanto los niños como los adolescentes y la ciudadanía en general son sujetos de derechos humanos, con el derecho a opinar y a expresarse de manera libre y pacífica, derechos que están garantizados por la Constitución y las leyes del país.
Cabe recordar que recientemente Carlos Trapani, coordinador general de la ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), denunció en una entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias “patrones preocupantes” en las detenciones de jóvenes, donde en muchos casos se observó un uso excesivo de la fuerza y detenciones que no cumplieron con criterios de proporcionalidad, necesidad ni urgencia.
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