Eso de “trata de niñas”,
la venta, es ilegal
aunque no crea, eso pasa
deja marcas, hace mal
Convención para Cantar. Luisa Pernalete. 2020
Venezuela ha aprobado leyes para la sanción penal de los delitos de abuso y explotación sexual e, incluso, ratificó en 2002 el Protocolo de la CDN relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Sin embargo, los registros recabados muestran que sólo de mayo a septiembre 2020, ocurrieron 183 crímenes que califican como delitos de violencia sexual contra NNA. En seis de esos casos resultan asesinados dos niños, dos niñas y dos adolescentes.
Treinta y tres NNA son víctimas de su propia familia: ocho por padrastros; seis por su padre (dos de ellas quedan embarazadas), siete tíos, cinco abuelos, cuatro hermanos, un primo; un hombre mató a su pareja de 14 años. En tres casos la madre está implicada.
Las medidas de control sanitario y confinamiento en los hogares han generado un incremento de los casos de abuso sexual por parte de familiares. En este período se conoce de personas que se valen de su posición social para abusar de niños, niñas y adolescentes que les confían: un brujo en Zulia abusó sexualmente de 100 niños amenazándolos de muerte. Un pastor evangélico fue detenido por abuso sexual contra una niña. Un santero abusó reiteradamente de sus hijas, dejando a una de ellas embarazada. Un educador abusó sexualmente contra más de 20 estudiantes. En otros casos, se identifican 27 NNA víctimas de abuso sexual por vecinos o conocidos, y en cuatro casos, los agresores son delincuentes.
Organizaciones indígenas denuncian que niñas y adolescentes son utilizadas como mercancías para labores domésticas y explotación sexual, ofreciéndolas a un precio que oscila entre 5 y 10 gramos de oro, costo que es mayor mientras menor es la edad de la niña.
En el período también se conoce la captura de personas y el desmantelamiento de organizaciones dedicadas al tráfico de niños, al uso de niños para delinquir, a los delitos de extorsión y pornografía y explotación sexual de niñas (en tres de los casos, es la madre de la niña quien la emplea u ofrece para esta actividad). Se ha denunciado la desaparición de dos adolescentes presuntamente víctimas de redes de tráfico sexual en Trinidad y Tobago.
En este tipo de hechos, la actuación del Estado es posterior a la ocurrencia del daño, y no se conocen políticas y programas de prevención que efectivamente estén en funcionamiento. Ante el Comité de Derechos del Niño, Venezuela debe explicar por qué no ha implementado programas para la protección integral y especializada a las víctimas y sobrevivientes de abuso y explotación sexual.
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