(20-11-2024) Ángela Villafranca, abogada del servicio de atención jurídica de la ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), subrayó que el Estado, junto con las familias y la sociedad, debe garantizar la protección de los derechos de los niños y adolescentes, especialmente cuando estos se ven amenazados o vulnerados.
Lo dijo este 20 de noviembre cuando se celebra el Día Mundial de la Infancia, se conmemora la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño en 1959 y la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño en 1989.
“El Estado tiene que ser el primer garante de los derechos, lo cual implica implementar políticas públicas destinadas a su protección e invertir en la infancia, porque no hay derechos sin presupuesto”, aseguró en el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias, citando como ejemplo la necesidad de recursos para garantizar el acceso a la salud en hospitales.
Resaltó que entre los derechos más vulnerados se encuentran la integridad —que abarca situaciones de acoso escolar, abuso sexual, maltrato y castigo físico—, la educación y el derecho a la familia, señalando que las decisiones de los padres tienen un impacto directo en los menores.
Sujetos de derecho
La abogada recordó que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, por lo cual las personas deben escucharlos y considerarlos en la toma de decisiones, según su edad y desarrollo evolutivo.
“No podemos tomar decisiones sin que ellos participen”, enfatizó la abogada.
Asimismo, exhortó a proporcionarles la información suficiente para que expresen cómo se sienten y qué opinan, de manera que las personas tomen en cuenta sus comentarios en todos los espacios de la vida: en la escuela, en las comunidades e incluso en las relaciones familiares.
Herramientas legales
La integrante de Cecodap recordó que la Convención de los Derechos del Niño marcó un cambio histórico, y en Venezuela, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) brinda herramientas para que los menores, sus familias y la comunidad educativa puedan exigir y ejercer sus derechos.
“La ventaja que tenemos es que todo niño, adolescente, docente, padre y representante va a tener las capacidades por medio de esta ley de poder ver cuáles son los derechos, cómo podemos exigirlos, cómo ejercerlos, como exigirlos, a qué me puede atener en el caso de que sean vulnerados y cuáles son los pasos a seguir para solucionar determinada situación”, explicó.
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