En el país más violento de Sudamérica la infancia viste de luto. Se acostumbró a llevar por dentro el duelo de haber perdido a papá o a mamá. El Estado venezolano, que ha hundido en una emergencia humanitaria compleja al país, ha reducido su rol de garantizar protección, atención y reparación a los niños, niñas y adolescentes. Políticas públicas desarticuladas que impiden atender a las víctimas indirectas de la violencia delictiva, además del desmantelamiento del Sistema de Protección de los NNA, sumen a la población más vulnerable en un abismal abandono.
A sus escasos 12 años, Jesús solo conoce carencias. Supo qué significaba estar desprotegido cuando una bala perdida se desvió de un enfrentamiento entre bandas e impactó en su pie. La violencia delictiva caraqueña lo había dejado sin padre a los tres meses de nacer. Las circunstancias le arrebataron su niñez y lo obligaron a adoptar un rol paterno frente a sus hermanos menores. No sabe leer. Dejó de ir al colegio. No tiene zapatos ni tampoco suficiente comida en casa.
En la accidentada geografía del barrio San Blas de Petare, en el este de Caracas, vive Jesús, un niño al que la sociedad y el Estado venezolano olvidaron.
Según los tratados internacionales para la protección de la infancia, Jesús debería tener acceso a servicios básicos y agua segura. No debieran faltar alimentos en su casa ni siquiera en condiciones extraordinarias porque, solo por ser niño, las normativas ratificadas desde el seno de múltiples organismos internacionales le dan prioridad a su socorro y protección. Jesús debiera ir al colegio y desarrollar sus aptitudes, mientras recibe amor y comprensión en el hogar.
Los gobiernos locales debieran implementar medidas de seguridad para proteger a sus niños, niñas y adolescentes y permitirles disfrutar del recreo y de servicios médicos adecuados con el fin de que desarrollen su personalidad de forma plena y armoniosa.
Pero en Venezuela, específicamente en los casos de Jesús y de otros ocho niños a los que Efecto Cocuyo tuvo acceso para este trabajo, no se cumplen los derechos proclamados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Este tratado se aprobó en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1989 y fue respaldado por 194 Estados. Contempla 54 artículos que establecen los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de todos los niños, niñas y adolescentes del mundo.
Las precarias condiciones en las que ha transcurrido la violenta infancia de Jesús se han exacerbado con la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela actualmente, marcada por una severa crisis sanitaria, alimentaria y de servicios públicos.
Este término fue usado por primera vez por la ONU en la década de los 80 para referirse a situaciones que se caracterizan por un colapso de la economía formal y de las instituciones del Estado, así como también por hambrunas, conflictos civiles y migración forzada.
Organizaciones no gubernamentales que trabajan en el país han alertado desde 2015 que Venezuela atraviesa una emergencia de este tipo y que ésta se ha ido profundizando progresivamente debido a las ausencia de medidas correctivas por parte de las autoridades gubernamentales.
En el marco de este complejo escenario, una investigación sobre el Sistema de Protección de niños, niñas y adolescentes (NNA) en el Área Metropolitana de Caracas realizada por la investigadora Angeyeimar Gil para el Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) en octubre de 2018, concluyó que en el país se cometen graves violaciones a los derechos humanos de la infancia.
Ser niño en el país más violento de Sudamérica
El derecho a la vida y a la integridad personal están consagrados en los artículos 15 y 32 de la Lopnna (Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes). El primero establece que el Estado deber ser el garante del derecho a la vida de todos los NNA mediante la implementación de políticas públicas que aseguren su supervivencia y su desarrollo. El segundo, que esta población tiene el derecho a la integridad física, psíquica y moral.
Pero para Alejandro, otro de los entrevistados, es irrelevante lo que diga la Ley. Tiene el presentimiento constante de que algo malo le va a pasar a él o a su familia, desde que una banda delictiva irrumpió en su casa la noche del 31 de mayo de 2017.
A sus siete años ya vivió una matanza en la que resultaron muertos varios de sus familiares, entre ellos su madre Mariángel. Alejandro crece como puede en el país más violento de Sudamérica y en el peligroso barrio Leonardo Ruíz Pineda, en el estado Zulia, en el occidente de Venezuela.
Con 7 años, Alejandro dibuja al personaje “Beni”, de la serie Dragón Ball, y dice que se identifica con él
En su estudio más reciente, divulgado el 8 de julio de 2019, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) advirtió que Venezuela fue el país con mayor número de muertes violentas en la región durante 2017. Ese año se registraron casi 57 homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes.
De acuerdo con el Estudio Mundial sobre el Homicidio 2019, la agencia de la ONU señala que entre 1991 y 2017 el país experimentó “el incremento más dramático” de muertes violentas en toda América, pasando de 13 a 56,8 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Estas cifras son similares a las obtenidas en otros países de Latinoamérica con un historial de violencia de larga data, como México y Brasil.
El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela, divulgado en julio de este año, denuncia que las fuerzas de seguridad del Estado ejecutaron extrajudicialmente a más de 6.800 personas entre enero de 2018 y mayo de 2019.
Sin embargo, no solo organizaciones internacionales han advertido sobre la proliferación de la violencia letal en el país y su amenaza para la infancia. Un informe elaborado por Cecodap y el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) advierte que 1.134 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de homicidios durante el año 2017.
Adicionalmente, el informe Somos Noticia 2018 el OVV alertó que Venezuela escaló al primer puesto de países con la tasa más alta de muertes violentas en el mundo, con 81,4 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que arroja aproximadamente 23.047 personas fallecidas en contextos violentos para ese año.
Los niños y adolescentes no escaparon de esta cruenta realidad. El OVV da cuenta de 1.484 NNA asesinados solo durante 2018. Según cálculos del Observatorio, el número equivale a cuatro niños o adolescentes muertos cada día: mensualmente suman unos 120 homicidios.
El caso más reciente es el de Rufo Chacón, un adolescente de 16 años que quedó ciego luego de que un funcionario de la Policía del Táchira le disparara 52 perdigones durante la represión a una protesta por gas el 2 de julio de 2019.
Un sistema de protección desmantelado
Buscar ayuda en las instituciones del Estado es algo que Yuly descartó por completo. Los funcionarios encargados de proveer protección y reparación, esperan a que las víctimas toquen las puertas de sus oficinas, mientras que la violencia continúa dejando más huérfanos en las calles de los barrios olvidados de Maracaibo.
Los piratas del Lago le arrebataron a Mike lo que más quería: su padre. Pero Yuly sabe que en lugar de hallar ayuda y reparación para el niño de siete años en las instituciones gubernamentales dispuestas para ello, se va a encontrar de frente con la burocracia y el desmantelamiento del sistema.
Es difícil conocer cuántos Mike hay en la ciudad de Maracaibo, pues el rastro de los niños, niñas y adolescentes que quedaron en la orfandad por la violencia delictiva en esta ciudad, desaparece en un laberinto burocrático.
Funcionarios de entidades estatales dedicadas a brindar atención integral a los NNA en esa entidad, como el Consejo Municipal de Derechos y Protección del Niño, Niña y Adolescente (Comdepro), el Instituto Público Municipal de la Salud (Imsasur), la Casa Abrigo Negra Matea (institución creada por la municipalidad) y la Alcaldía de San Francisco, indicaron al equipo de Efecto Cocuyo que “pocas veces o nunca” llegan casos como los de Mike a sus oficinas.
Las estadísticas de violencia en Venezuela muestran los altos niveles de riesgo y desprotección a los que están expuestos los NNA. Por esta razón, resulta clave contar una Sistema Nacional de Protección robusto, integral y en capacidad de dar respuesta a las vulneraciones de sus derechos.
La Lopnna establece en el artículo 7 el principio de Prioridad Absoluta, que dice que el Estado, la familia y la sociedad venezolana deben asegurar todos los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes
Esta Ley también dedica un capítulo entero al Sistema de Protección, en el que establece un conjunto de órganos, entidades y servicios destinados a proteger y atender a esta población y a garantizar “el goce efectivo” de sus derechos y garantías.
Según el artículo 119 de la Lopnna, este sistema está integrado por ministerios con competencia en materia de protección integral de los NNA, los Consejos de Derecho y Consejos de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, los Tribunales de Protección de NNA, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Servicio Autónomo de la Defensa Pública, entidades de atención y “los consejos comunales y otras formas de organización popular”.
Sin embargo, Yuly considera que en ninguna de estas instancias encuentra la ayuda que busca para Mike. En medio de la emergencia humanitaria compleja y la severa crisis económica que atraviesa Venezuela, el Sistema de Protección no ha salido ileso de los estragos de la crisis.
El informe de gestión más reciente que ha publicado la Defensoría del Pueblo, correspondiente al año 2016, calificó como “ineficiente” el funcionamiento de los Consejos de Protección “pese a la importancia de estas instancias en el Sistema Nacional de Protección Integral de la población infantil”.
La investigación realizada por Cecodap sobre el funcionamiento del Sistema de Protección de NNA en Caracas y sus órganos administrativos (Cmdnna y Cpnna) determinó que el Estado venezolano abandonó por completo su responsabilidad de proteger a los niños, niñas y adolescentes y que la infancia afronta una desprotección tanto de carácter estructural como institucional.
Esta realidad se debe en parte a la inoperancia de los órganos administrativos dependientes del Estado para la protección de los NNA.
Cecodap visitó cuatro Consejos de Protección ubicados en el Área Metropolitana de Caracas (en los municipios Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre) y halló que solo uno contaba con el mínimo de consejeros necesarios para su funcionamiento, por lo que calificó el estado del resto de las oficinas como un “cierre técnico”.
“Esto supone que los Cpnna solo estarían funcionando a 32,7% de su capacidad”, alerta la investigadora Angeyeimar Gil, quien identifica la ola migratoria y los bajos sueldos de las alcaldías como los principales factores que afectan el funcionamiento de estas instituciones. Un ejemplo de ello es el déficit de personal en el Consejo de Protección del municipio El Hatillo, que llega a 80%, el de peores condiciones para el momento de la elaboración del estudio.
Otra limitante del Sistema de Protección que halló el estudio de Cecodap es el presupuesto casi inexistente con el que cuentan los órganos administrativos para garantizar su operatividad y financiar programas sociales.
Ante su incapacidad para hacer frente a esta realidad, el Estado venezolano ha delegado a manos privadas y a organizaciones de la sociedad civil su compromiso ineludible de proteger a la infancia. Más del 68% de los programas que existen para ofrecer atención a los NNA en la Gran Caracas son desarrollados por organizaciones no gubernamentales y fundaciones financiadas con recursos privados, según determinó el estudio.
Sin embargo, estos esfuerzos provenientes del sector privado son contados, no pueden suplir al Estado en su rol de garante de los derechos de la infancia y no poseen la capacidad para atender de forma integral las necesidades de esta población.
El desmantelamiento del Sistema de Protección del NNA es una muestra de la vulneración del Estado al principio de Prioridad Absoluta establecido en la Lopnna, según demuestran los datos recabados en la investigación de Cecodap y lo constatado por el equipo de Efecto Cocuyo en el estado Zulia.
En el séptimo artículo, la Ley dice que los NNA gozarán de preferencia en la formulación y atención de políticas públicas; que habrá asignación de presupuesto preferencial y de recursos públicos para garantizar los derechos y garantías de esta población, así como también para implementar políticas y programas de protección; y que los NNA tendrán prioridad en el acceso y en la atención de servicios públicos.
La Lopnna dice, pero el Estado la incumple.
Políticas públicas desintegradas
“El escondite” dejó de ser un juego para los Gutiérrez. Ahora pasó a ser una estrategia de supervivencia. Se esconden de las amenazas de la banda de extorsionadores que asesinó al padre de familia y del peligro que azota al poblado rural de Mene Grande, en el estado Zulia.
La violencia hizo que Andrés, huérfano a los 13 años, se olvidara de juegos. Su madre no ve sentido en denunciar a las autoridades policiales las amenazas que han recibido. La única solución que ve es refugiarse con los suyos en otro país para así, finalmente, escapar del peligro.
Si su meta de abandonar Venezuela se concreta, Andrés y su hermano pasarán a engrosar el número de las víctimas de desplazamiento forzado, cifras inciertas en una nación sin estadísticas públicas.
En abril de este año, la directora regional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), María Cristina Perceval, estimó que al menos 400 mil niños y niñas venezolanos han migrado a varios países de la región para escapar de la emergencia humanitaria compleja.
Esa cifra continúa en ascenso. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) calcula que para 2019 más de cuatro millones de venezolanos engrosan las estadísticas de refugiados y migrantes y que han huido de la falta de medicamentos, alimentos y servicios básicos, así como también de la violencia, la inseguridad
El Gobierno ha postergado por más de un lustro la promesa de protección efectiva a las víctimas de la violencia, entre pasos institucionales lentos e inciertos.
El Sistema Nacional de Atención a las Víctimas es una deuda que mantiene el Estado con la población venezolana desde 2012, año en el que la institución se promocionó como el quinto vértice de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela.
Para entonces, se especificó que este sistema operaría a través del fortalecimiento de las “instancias de atención a víctimas ya existentes en organismos competentes”, entre ellos el Instituto Autónomo de Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Idena).
La activación de este sistema también fue una promesa de la Ley del Plan de la Patria para el período presidencial de Nicolás Maduro 2013-2019 y se repitió en su propuesta de plan de Gobierno para período el 2019-2025.
Sin embargo, el Sistema Nacional de Atención a las Víctimas no es la única iniciativa en esta materia que Nicolás Maduro deja en el aire. El 8 de enero de 2014 anunció la creación del Instituto Nacional para Atención de Víctimas de la Violencia Criminal.
Dario, de siete años de edad. Esta es la iglesia donde su abuela va todos los domingos. Dice que llora mucho.
El fin del organismo era dar “atención integral, psicológica, social, humana, el acompañamiento, el seguimiento de la educación, el trabajo” a los afectados e “implementar algún tipo de becas, de remuneración para atender necesidades que se crean cuando hay una víctima de la violencia”. Después del anuncio, no hubo más información al respecto.
En 2014 y 2015, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mrijp) reportó el desarrollo y funcionamiento del proyecto de Servicio de Atención Integral a las Víctimas de la violencia, a cargo de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, dirigido a comunidades de la parroquia Sucre de Caracas y dedicado a prestar asistencia jurídica, social y psicológica sin sistema de becas.
Posteriormente, a finales de 2014, el Ministerio Público creó un Servicio de Psicología y Trabajo Social para brindar acompañamiento psicológico a víctimas en la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) de Bello Monte, en Caracas. Su objetivo era “proporcionar a las víctimas indirectas del delito de homicidio estrategias de afrontamiento (…) precisar el número de víctimas remanentes afectadas por el mismo hecho que pueden requerir una intervención clínica posterior, como acción preventiva al desarrollo patológico de las secuelas traumáticas, suministrando información acerca de las subredes de apoyo disponibles”.
El reporte de gestión del Ministerio Público lo identifica específicamente como “Servicio de Atención Psicológica a Víctimas Indirectas del delito de Homicidio”, que atendió 664 personas en 2014 y 3.116 en 2016. No hay datos públicos de los años 2015, 2017 y 2018.
El Mrijp reportó el registro de 724 atenciones integrales brindadas a las víctimas como uno de los logros de la Oficina Nacional para la Atención Integral a las Víctimas de la Violencia (Onaivv), documentados en el periódico digital “Infórmate 2.0”, de este despacho, en la edición del 3 de enero de 2019.
Las ofertas de atención existentes surgen dispersas y desintegradas, mientras el ambicioso alcance nacional y sistemático del quinto vértice de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela ha parecido quedar en el olvido, hasta la inauguración en 2018 de la Onaivv en busca del fortalecimiento y control en todo el país del apoyo estatal a las víctimas.
Infancia desasistida y sin derecho a reparaciones
La casa de Mariela, en el populoso barrio de El Valle en Caracas, ardía en llamas. Su ropa y sus muñecas se consumían en la hoguera. Los culpables fueron identificados como unos delincuentes de la zona, quienes asesinaron a su padre para despojarlo del poder que tenía sobre la venta de droga.
El cuerpo del padre de Mariela quedó irreconocible, hasta el punto de que los forenses escribieron en su acta de defunción que el cadáver no podía ser identificado. La abuela de la niña ha intentado corregir el documento, pero no ha tenido éxito.
La pequeña Mariela, de siete años, no puede llevar el apellido de su padre ni recibir ningún beneficio patrimonial porque, para el Estado venezolano, el hombre nunca murió. Hacer el trámite para que la niña pueda acceder a su derecho a la identidad es como jugar a la gallinita ciega.
En un informe divulgado el 15 de julio de 2019, Cecodap alertó que el Estado venezolano “mata civilmente” a los niños y niñas al no garantizar su derecho a la identificación ni el principio de celeridad.
Pero este no es el único derecho que el Estado venezolano vulnera a Mariela. Existen cuatro grandes grupos de derechos de los NNA según la Convención de los Derechos del Niño: Supervivencia (que contempla los derechos a la vida, salud, alimentación, nivel adecuado de vida, entre otros), Desarrollo (como los derechos a la educación, la identidad, el deporte y la recreación), Protección (que proporciona protección ante todo tipo de delitos, especial, jurídica y otros) y Participación (que engloba las libertades de opinión, manifestación, expresión, etc.).
En el caso de Mariela, el equipo de Efecto Cocuyo determinó que el Estado venezolano violó al menos 12 de los derechos establecidos en la Lopnna.
Sin embargo, vulneraciones a los derechos establecidos en la Convención de los Derechos del Niño aparecen reseñados en los medios de comunicación constantemente. Un monitoreo de noticias realizado por Efecto Cocuyo documentó 51 casos durante el primer trimestre de 2019 que hacen referencia a la vulneración del derecho a la supervivencia.
En las noticias se da cuenta de casos de niños, niñas y adolescentes que fallecieron en centros de salud públicos de siete estados del país y por causas relacionadas a la desnutrición y a la falta de tratamiento regular y oportuno. Tres derechos clave fueron vulnerados en estos casos: el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a un nivel de vida adecuado.
De acuerdo con la investigación realizada por Cecodap sobre el Sistema de Protección de los niños, niñas y adolescentes, en los Consejos de Protección del NNA el derecho más vulnerado fue el de integridad personal. Solo en el municipio Sucre, en el que está Petare, uno de los barrios más poblados de Latinoamérica, entre abril y junio de 2018 fueron denunciadas 70 violaciones a este derecho.
Le siguieron el derecho a la protección contra el abuso sexual y, en tercer lugar, la vulneración al derecho sobre las responsabilidades de los padres en cuanto a salud, educación y otros.
Como víctima, a Mariela le corresponde protección y reparación, según señalan la Lopnna y el Código Orgánico Procesal Penal. Este último establece que el Ministerio Público está obligado a velar por dichos intereses en todas las fases del proceso, mientras que los jueces deberían garantizar la vigencia de los derechos de la víctima, así como su respeto, protección y reparación.
Pero ni en el caso de Mariela ni en el resto de los otros 8 niños entrevistados para este trabajo se cumple el derecho a la reparación de daños, protección ni indemnización.
El Estado, entonces, incumple sus deberes de garantizar atención y protección a los hijos de hijas que dejan las víctimas de homicidios, contemplados en la Convención Sobre los Derechos del Niño: “Artículo 39. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, (…) o conflictos armados”.
La Lopnna también establece en el artículo 41 que “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental. Asimismo, tienen derecho a servicios de salud, de carácter gratuito y de la más alta calidad, especialmente para la prevención, tratamiento y rehabilitación de las afecciones a su salud”.
Sin embargo, ante la ineficiencia del Gobierno, los huérfanos de la violencia permanecen invisibles tanto por su condición de niños como por su condición de víctimas indirectas de los homicidios: dos poblaciones carentes de garantías de protección en Venezuela.
Los niños, niñas y adolescentes entrevistados en este trabajo, muestran que esta población, naturalmente vulnerable, quedó en un doble olvido estatal en Venezuela.
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