Urge que el Estado venezolano honre su obligación de garantizar la protección prioritaria y especial a niños, niñas y adolescentes en Apure

PRONUNCIAMIENTO

Caracas, 31 de marzo 2021.- La Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA) emplaza al Estado venezolano a que honre de manera urgente su obligación de garantizar la protección prioritaria y especial a los niños, niñas y adolescentes que habitan en La Victoria, Tres Esquinas, Arenales, Sector el 8 y Guafitas del estado Apure y que están siendo afectados y desplazados por los graves hechos de los que se conoce a partir de las informaciones difundidas en medios de comunicación hasta el momento. Situación que viene a sumarse a las múltiples afectaciones que la ciudadanía padece debido a la Emergencia Humanitaria Compleja instalada en el país desde hace más de 5 años y a las consecuencias de la pandemia por la Covid-19 ante las que las personas quedan inermes y sin más opciones que dejar atrás su comunidad y sus pocas pertenencias, arriesgándose a cruzar la frontera para intentar encontrar la ayuda y protección que el país les niega.

Venezuela, como firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño, de su Protocolo Facultativo para la Protección de Niños en conflictos armados y de otros Tratados Internacionales de Derechos Humanos, debe manejar con extrema precaución el enfrentamiento en la frontera con Colombia entre grupos armados irregulares y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y garantizar la protección de la población civil, brindando cuidados y asistencia especial a la niñez como población con mayor riesgo de ser víctima de daños, lesiones, extorsión, reclutamiento, secuestro, explotación sexual, represión, detención arbitraria, persecución y otras formas de violencia por parte de funcionarios, quienes pudiesen vulnerar, entre otros, su derecho a la vida, a la integridad personal, a un nivel de vida adecuado y a no sufrir separación de sus padres y familiares.

El conflicto armado ha ocasionado el desplazamiento forzado de entre 2.500 y 4.000 venezolanos, entre ellos, casi 2.000 NNA. Aunque en la localidad de Arauquita en Colombia se han creado campamentos de desplazados, el gran número de quienes han huido y siguen huyendo supera de manera significativa su capacidad de respuesta por lo que han pedido el apoyo de organizaciones internacionales.

Preocupa sobremanera la denuncia hecha por el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, en la que asegura que en la zona del conflicto se han colocado minas antipersonas. Similarmente nos preocupa la incorporación al enfrentamiento de las FAES y la PNB, en lugar de generar oportunidades para pacificar el lugar con medidas y acciones que promuevan el cese del conflicto y el retiro de los grupos armados irregulares actuando en el territorio.

Frente a hechos tan graves ocurridos en Apure, exigimos:

1. Garantizar que la actuación militar y policial en la zona cumpla con la normativa de respeto de derechos humanos, así como la protección prioritaria de la población civil, específicamente de niñas, niños y adolescentes, y que cesen los operativos bélicos para perseguir y reprimir a la población residente de estas comunidades.
2. Promover acciones a partir de las cuales sea posible plantear negociaciones que apunten al cese del conflicto armado en el menor tiempo posible.
3. Crear los mecanismos para el retorno de la población venezolana que ha huido con base en el derecho internacional humanitario y con respeto a su dignidad personal.
4. Adoptar todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica, y la reintegración social de todas las niñas, niños y adolescentes víctimas de esta situación.

Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a toda la población de Apure, pero particularmente a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, a quienes acompañamos en esta situación tan dolorosa. Nos comprometemos a seguir exigiendo que los Estados asuman sus responsabilidades de protección humanitaria y de atención a las necesidades de salud, alimentación, refugio y bienestar general de las familias desplazadas, y que el Estado venezolano genere las condiciones para la pacificación y el retorno de la población desplazada a su hogar lo antes posible, brindándole el apoyo económico y social para la reintegración a sus comunidades de origen y la reparación de daños en los casos en que así sea necesario.