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En su trayectoria la REDHNNA y sus miembros, han presentado informes y elevado denuncias a las instancias competentes ante el sistema universal y el sistema interamericano de DDHH, sobre las amenazas y violaciones de derechos y garantías que padecen los y las NNA del país y sus familias, con base en la información que se dispone por la atención directa de casos, así como a partir de investigaciones realizadas para documentar distintas situaciones específicas que se van presentando. Por ello, se presentan una serie de aportes que reflejan la postura frente a acciones de Estados o grupos de Estados que pudiesen impactar en el disfrute de DDHH de NNA, desde la experiencia acumulada en los distintos ámbitos de actuación de los miembros de la coalición:
- LA CRISIS ECONÓMICA ES EL RESULTADO DE LOS CONFLICTOS POLÍTICOS Y SOCIALES Y EL DESCONOCIMIENTO DE LA PROPIEDAD PRIVADA. Data, al menos desde 2013, previo a la sanción económica al país. El colapso de la actividad petrolera, que representaba el 95% de los ingresos en divisas al país y la fuerte contracción de la industria manufacturera, de construcción y del sector privado, han generado gran fragilidad externa y la caída brusca del PIB.
- EL 73% DE LOS HOGARES VENEZOLANOS CAYERON EN CONDICIONES DE POBREZA DESDE HACE MÁS DE SIETE AÑOS. Ya para 2014, el Instituto Nacional de Estadística calculó que el porcentaje de personas en riesgo de pobreza alcanzaba el 29,4 % y las estimaciones actuales muestran que al menos 79% de los hogares corren el riesgo de caer en pobreza extrema. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 2019-2020), evidencia que alrededor de 21% de los niños y niñas menores de 5 años, se encuentra en riesgo de desnutrición y 8% está desnutrido.
- LA CANASTA MÍNIMA DE SUPERVIVENCIA DE LA POBLACIÓN ESTÁ ESTIMADA EN 22,37 DÓLARES POR SEMANA, PERO EL SALARIO BÁSICO MENSUAL DE UN TRABAJADOR EN VENEZUELA ES DE UN DÓLAR. Muchos alimentos y otros servicios esenciales continúan inaccesibles para la población, debido a lo elevado de sus precios en dólares.
- LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA IMPLEMENTADOS POR EL GOBIERNO APORTAN EN PROMEDIO CINCO DÓLARES AL MES Y SON UTILIZADOS COMO HERRAMIENTA PARA LA MANIPULACIÓN POLÍTICA. Bonos gubernamentales, cajas de alimentos (llamadas CLAP), que no incluyen proteínas ni cubren en calidad ni cantidad los estándares nutricionales mínimos, así como la compra de combustible, son accesibles mediante el carnet de la patria o la inscripción en el partido de gobierno.
- LA SITUACIÓN DE POBREZA ENTRE LA POBLACIÓN VENEZOLANA HA SIDO ACENTUADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19. A la crisis humanitaria venezolana, gestada de manera previa a las sanciones, se suman las consecuencias económicas de la Covid-19 y el decrecimiento global, y la merma del ingreso petrolero, entre 9.000 y 17.000 millones de US$, lo que equivaldría a una contracción del PIB entre 14 y 28 puntos porcentuales. Esto sin duda, tiene un impacto directo en las consecuencias de bienestar de la niñez y adolescencia.
- EL ESTADO HA DESESTIMADO LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO REFERENTE A LA PRIORIDAD ABSOLUTA EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES presentadas por el Comité de los Derechos del Niño en octubre de 2014.
- CASI UN MILLÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SE ENCUENTRAN SEPARADOS DE SUS PADRES PRODUCTO DE LA MIGRACIÓN FORZADA SIN QUE EXISTAN POLÍTICAS QUE FAVOREZCAN LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR. Estos niños, niñas y adolescentes separados de sus familias no cuentan en su mayoría con un programa que les brinde atención ni de colocación familiar en familias sustitutas, ni tampoco el Estado cuenta con un Sistema de Protección que disponga de entidades de atención o distintos programas para la atención de esta población.
- LAS REFORMAS A LA LEGISLACIÓN ESPECIAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA HAN DEBILITADO AL SISTEMA DE PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y SISTEMA PENAL DE RESPONSABILIDAD DE ADOLESCENTES. Ambos sistemas, creados en la Ley Orgánica para la Protección Integral, promulgada en 1998, se han visto afectados de manera negativa por las reformas legislativas publicadas y ejecutadas en 2007 y 2015, respectivamente. Ambos sistemas están prácticamente desmantelados, acéfalos, sin especialidad ni competencia técnica en el área y divorciados del sufrimiento de los NNA. Hoy se evidencia que no ha sido posible continuar o cimentar los cambios que se proyectaron en materia de protección integral y garantía de derechos humanos a NNA finalizando el siglo XX y a más de veinte años de adecuación de la legislación interna a la Convención Sobre los Derechos del Niño en Venezuela, se está más lejos que nunca de sus principios, premisas, espíritu y praxis.
Por ello hemos propuesto:
- La visita a hospitales, centros de privación de libertad y entidades de atención donde se encuentren NNA institucionalizados, para palpar de manera directa el estatus actual.
- Constatar el costo establecido por el SAIME para obtener un pasaporte, una prórroga, o los documentos de identidad lo cual reduce las posibilidades de la población afectada, no solo para emigrar, sino para no correr el riesgo de apatridia al que ya están expuestas muchas personas venezolanas fuera del país, especialmente menores de edad.
- El monto de la Unidad Tributaria, a partir de la cual se rige el cálculo y pago de impuestos con relación al ingreso mínimo anual de los venezolanos, obliga a muchas personas de bajos ingresos a tener que pagar el Impuesto Sobre la Renta, mermando aún más sus ya exiguos recursos. Urge considerar que toda política fiscal o tributaria no represente la única vía para mitigar los efectos de las sanciones económicas y cubrir eventuales déficit fiscales o caídas del PIB. En ningún caso una política fiscal puede, en un contexto de emergencia humanitaria compleja, representar una amenaza al presupuesto familiar.
Es necesario indagar sobre acciones públicas en materia de salud mental para familias y NNA. Se aprecia una sobre saturación de mensajes en torno a las sanciones que se superponen a las situaciones materiales y estructurales deficientes que ya se padecen. La población venezolana enfrenta un largo periodo de estrés emocional y depresión que no se atiende ni protege, pese a insistir en el discurso oficial que todo es responsabilidad de las sanciones. El hambre, el deterioro económico e institucional del país y la migración forzada, denotan que las violaciones de DDHH van más allá de las sanciones y para ser consecuentes, con más razón han debido activarse desde hace años planes programas especiales para atender estas vulneraciones, especialmente las que afectan a la niñez en Venezuela
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