COMUNICADO
Caracas, 7 de noviembre de 2022. – Ante la magnitud y gravedad de situaciones acontecidas en el país, que afectan los derechos a la integridad personal y a la vida de niñas, niños y adolescentes, la Red por los derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA) manifiesta públicamente su solidaridad con las víctimas y su compromiso con la defensa de sus derechos, exigiendo al Estado, las familias y a la sociedad que cumplan a cabalidad sus obligaciones y responsabilidades para garantizar la debida protección de esta población.
Desde 1959, la Declaración Universal sobre los Derechos del Niño reconoce que «la infancia tiene derechos a cuidados y asistencia especiales» y que niños y niñas deben recibir la protección que requieren por su condición de personas humanas especialmente vulnerables y en proceso de desarrollo. La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado Venezolano, así como la Constitución y la LOPNNA, establecen la obligación de adoptar todas las medidas apropiadas para hacer efectivos los derechos de niños, niñas y adolescentes, afirmando que es deber prioritario del Estado, de las familias y de la sociedad asegurar las mejores condiciones, medios y recursos de manera preferencial (prioridad absoluta) en la atención especial de ellas y ellos.
Se trata de mandatos legales que consagran valores y convicciones arraigados en la sociedad venezolana y que expresan la demanda y sentir que comparten nuestras familias, que han privilegiado el cuidado y atención a la niñez como una de sus metas irrenunciables.
Han sido muchas y muy dolorosas las pérdidas de vidas de niños, niñas y adolescentes, muertes que pudieron evitarse y para las que aún no hay justicia.
El maltrato, abuso y explotación al que está expuesta la niñez y adolescencia en el país, deja marcas imborrables en quienes sobreviven y afecta el desarrollo productivo de nuestra sociedad. Cada sobreviviente y su familia deben recibir atención, acompañamiento y fortalecimiento para superar el daño y las pérdidas sufridas, como es su derecho; y debe ser el Estado quien provea los servicios especializados de atención para su plena recuperación física, psicológica y material.
El Estado venezolano tiene la obligación indeclinable de tomar todas las medidas presupuestarias, administrativas, institucionales, educativas y legales para garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. A esos propósitos, el Estado debe asignar recursos humanos y materiales para el apoyo y fortalecimiento familiar, particularmente en el contexto de emergencia humanitaria actual, en el que es imperativa la protección frente al debilitamiento y desamparo dada la inseguridad alimentaria, las fallas de servicios básicos, la realidad de la separación por causa de la migración en una alta cifra de hogares. El Estado debe así mismo garantizar que las instituciones educativas, de salud y las que prestan servicios sociales o ejecutan medidas de protección, asuman sus obligaciones con las condiciones y recursos apropiados, cumpliendo con los estándares y normativas que aseguran la más alta calidad de su desempeño.
La mayoría de las familias venezolanas han hecho enormes sacrificios y han empeñado sus mejores esfuerzos en la alimentación, cuidados y protección de sus hijos e hijas; han afrontado inseguridad alimentaria, penuria, precariedad de los servicios públicos, y violencia social en condiciones increíbles de pobreza y desamparo institucional. Justo en esta circunstancia es necesario acentuar el compromiso ineludible con la formación, cuidados y la debida protección de niños, niñas y adolescentes.
Ante tantas situaciones de amenaza, riesgo y vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, es imperativo y urgente el fortalecimiento del Sistema de Protección, su dotación de recursos humanos formados, materiales e insumos que permitan una actuación adecuada a las necesidades de orientación, prevención y actuación que se identifiquen para asegurar la integridad física y psicoemocional de esta población. La vigencia del Estado Social de Derecho y de Justicia exige que las instituciones y autoridades del Estado cumplan, respeten y hagan efectiva la protección; su actuación no puede ser reactiva o forense, la prioridad es monitorear y promover el cumplimiento de la normativa legal de protección a la niñez en las familias, en las instituciones y en todos los espacios de crecimiento y formación de niñas, niños y adolescentes.
Las organizaciones que integran la REDHNNA hacen un llamado a todos los sectores del país, y especialmente a las familias, instituciones y autoridades públicas, a reconocer el rol fundamental que tenemos como garantes y corresponsables de la protección y desarrollo de una población que crece en circunstancias especialmente difíciles y cuyo destino personal y social depende del esmero y compromiso que tengamos con la protección de su vida, su integridad personal y con la defensa y cumplimiento de sus derechos humanos. Exigimos el acatamiento del principio de Prioridad Absoluta en la protección de la niñez, con políticas, programas e inversiones para prevenir los daños y perjuicios que están causando la pobreza, la violencia, la negligencia y omisión de los deberes por parte de quienes, al tener obligación legal y ética para actuar, no tienen excusa para el incumplimiento de sus funciones.
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