Voceros de organizaciones no gubernamentales advierten que la participación de esta población en su comunidad es vital para su desarrollo pleno y el ejercicio de sus derechos
Crónica Uno– A sus 17 años de edad, Camila escroleaba en su celular cuando encontró en la red social Instagram una publicación que promocionaba la quinta cohorte de Haz lo que eres, un programa de la organización no gubernamental Más Ciudadanos. La publicación invitaba a adolescentes interesados en la participación ciudadana a una formación para descubrir su vocación y, posteriormente, crear un proyecto comunitario.
Camila quedó intrigada. Terminó escribiéndoles para pedir información y se apuntó a la capacitación. Ahora, con 20 años de edad, la estudiante de Idiomas Modernos en la Universidad Central de Venezuela, participa activamente en resolver problemas de su comunidad, ubicada en la parroquia El Junquito de Caracas. Continuó asistiendo a actividades similares y también se involucró en la política estudiantil.
“Cuando entré al programa fue un punto de inflexión, comenzó una nueva era para mí. Fue transformador: llegué siendo una adolescente que acababa de salir de bachillerato y no sabía qué rumbo tomar. Yo crecí en una pequeña comunidad donde no había muchos espacios de activismo ni participación ciudadana”, contó Camila.
Más Ciudadanos —una asociación civil sin fines de lucro que trabaja en la promoción, difusión de valores y cultura ciudadana— creó Haz lo que eres en 2018 como un espacio para que adolescentes y jóvenes, entre 15 y 22 años de edad, reciban formación sobre ciudadanía, proyectos de vida, liderazgo, comunicación efectiva y desarrollo de proyectos comunitarios.
“La idea es que obtengan las herramientas para un mejor autoconocimiento, para poder proyectarse y comiencen a interactuar entre ellos, que adquieran habilidades blandas que los ayuden a su desarrollo”, explicó Teresa Raymond, coordinadora de proyectos de la asociación.
En Venezuela, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) reconoce en su artículo 81 el derecho de esta población a participar “libre, activa y plenamente” en asuntos que les competen, así como tienen derecho a la incorporación progresiva al ejercicio de una ciudadanía activa. La norma establece, además, que el Estado, las familias y la sociedad deben crear y fomentar oportunidades de participación.
En 2023 la Asamblea Nacional aprobó, además, la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica, con el objetivo de “promover y desarrollar los medios para la participación protagónica y el ejercicio de la ciudadanía activa de las y los estudiantes del Subsistema de Educación Básica”, para garantizar la educación, así como la formulación de políticas públicas en la materia.
Pese a los establecido por la legislación venezolana, fuentes consultadas para este reportaje coinciden en que aún hay mucho camino por recorrer en la garantía del derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes del país. Señalaron que el Estado no ofrece garantías suficientes para el disfrute de este derecho y que, en cambio, la mayoría de las iniciativas provienen de organizaciones de la sociedad civil.
Participación real y protagónica
Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap (Centros Comunitarios de Aprendizaje) —una organización venezolana que trabaja por los derechos de la niñez y la adolescencia—, planteó que aún existe un enfoque adultocentrista, “que señala a los niños como personas que no saben ni entienden y a los adolescentes como incapaces de conectar con los problemas sociales de actualidad”. Consideró que en ocasiones esta población es objeto de manipulación y que son incorporados a actividades donde se simula su participación, cuando en realidad ejercen una función más decorativa.
“La idea es que la participación de los niños sea sostenida, de calidad y que desarrolle competencias personales, sociales y comunitarias a partir de estos procesos y experiencias”, expuso Trapani.
La participación de esta población en su comunidad es vital para su desarrollo pleno y el ejercicio de sus derechos, advierte también la comunicadora social Zulyvic Mejias, directora de Otro Enfoque, una organización defensora de derechos humanos que ofrece formación alternativa a niños, niñas y adolescentes de comunidades vulnerables, de la defensa de los derechos humanos, a través de la promoción de la cultura de paz y no violencia.
“Esta participación debe ser real y protagónica. Lamentablemente muchas veces son puestos de relleno o adorno, y eso no es participación. Insisto: un espacio de participación no es hablar de los niños, niñas y adolescentes es hablar con los niños, niñas y adolescentes”, expresó.
La investigadora y exconsejera de protección de niños, niñas y adolescentes, Angeyeimar Gil, explicó que existe un instrumento llamado La escalera de participación infantil de Robert Hart, con ocho niveles que indican qué tan real es la participación de estos en la toma de decisiones.
Afirmó que para que esta participación sea real, es necesario que se cumpla lo establecido en los niveles siete (iniciado y dirigido por niños y niñas) y ocho (iniciado por niñas y niños, compartido con personas adultas), pero que, por ejemplo, a nivel de vocería en Venezuela solo se llega a los niveles dos y tres de la escalera (decoración y participación simbólica).
Gil identificó como buenas prácticas que en algunos colegios privados, al cierre del año escolar, se realicen encuestas de satisfacción donde las y los estudiantes participan para dar su opinión. “Se evalúa el desempeño de cada profesor y el contenido de las materias que cursaron. Esto es tomado en cuenta a modo de feedback para con los docentes de la institución”, explicó.
Por otro lado, comentó que “casi siempre cuando se celebra el aniversario de la Lopnna, las alcaldías abren el Consejo Legislativo para que los niños vayan y opinen”, sin embargo lamentó que “eso queda allí, no es constante, se pierde y los chamos no se van a sentir parte de ninguna decisión”.
El Análisis de tendencias sobre la situación de derechos de NNA en Venezuela, publicado por la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna), reportó que entre agosto de 2023 y febrero de 2024 se registraron 33 actividades, en 12 estados, relacionadas con la participación de niños, niñas y adolescentes en las escuelas públicas, en su mayoría de carácter educativo vinculadas con días festivos.
“Es necesario observar la precaria oferta de mecanismos, programas o espacios destinados a promover y apoyar la participación como un medio necesario para favorecer el desarrollo de capacidades de los NNA”, explica el informe.
Esfuerzos de la sociedad civil
En la actualidad, varias organizaciones de la sociedad civil cuentan con proyectos donde se trabaja la participación ciudadana en niños, niñas y adolescentes entre las que se encuentran: Cecodap, Más Ciudadanos y Otro Enfoque.
En alianza con la organización Empoderame, Otro Enfoque desarrolla desde febrero de 2023 el programa Judopolis, con el objetivo de dar formación a adolescentes y jóvenes en temas como: ciudadanía, democracia y participación pública. También, los participantes desarrollan su propio proyecto para ayudar a la comunidad donde viven, con un capital económico dado por sus organizadores, luego de haber detectado su problemática principal.
“Al final los muchachos tendrán la posibilidad de detectar las principales problemáticas que afectan al país, proponer soluciones y generar un documento que se va a presentar a las autoridades y así incidir en las políticas públicas”, explicó Zulyvic. Para agosto de 2024 los proyectos estaban activos en Caracas, Carabobo y Miranda, y prevén expandirse a Bolívar, Nueva Esparta, Mérida, Zulia y Anzoátegui.
Como resultado de esta primera cohorte, uno de los proyectos desarrollados es Semillas Paza, donde un grupo de jóvenes combate la violencia de sus iguales a través del juego y la creación de un espacio seguro, donde hacen vida sus propias normas que parten del respeto y el buen trato.
El 22 de julio pasado, un grupo de 11 niños, niñas y adolescentes redactaron, junto a Cecodap, un documento para la opinión pública con 10 propuestas en torno a distintos problemas que los afectan en materia de salud, educación, derecho a la participación, libertad de expresión, derecho a la no discriminación, entre otros. “Los adultos suelen asumir lo que queremos nosotros. Pero, ¿y si nos preguntan?”, cuestionaron.
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