La violencia contra los niños, niñas y adolescentes venezolanos no ha disminuido con el confinamiento producto de la pandemia del COVID-19.
De acuerdo con Cecodap, el efecto es el contrario: durante la cuarentena se incrementan los conflictos y la vulnerabilidad de la infancia y adolescencia, sector de la población que no tienen clases presenciales desde marzo de 2020.
El 42,55% de los casos atendidos por Cecodap desde abril de 2020 hasta abril de 2021 estuvieron relacionados con violaciones al derecho a la integridad, según el Informe “Somos Noticia, Capítulo Vulneraciones y protección a los derechos del niño en contextos de pandemia“.
“Estamos hablando de situaciones de castigo físico, de maltrato, de abuso físico e incluso abuso sexual”, explicó Carlos Trapani, coordinador de la organización, en la presentación de resultados.
Trapani destacó la preocupación por la paralización de los procesos en los tribunales de Venezuela y las denuncias que no han sido atendidas por las instituciones correspondientes.
Desde abril de 2020 hasta abril de 2021, seis de cada 10 casos remitidos al Sistema de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Spnna) no recibieron ninguna respuesta efectiva, según el informe que Cecodap dio a conocer este jueves 20 de mayo.
“No existe un plan del Estado que garantice la protección a niños en pandemia“, aseguró Trapani. Además, denunció que los gobiernos locales a nivel nacional no prestan el apoyo necesario para el funcionamiento del Consejo de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
“La realidad de los Consejos de Protección a nivel nacional es muy precaria. Los consejeros están haciendo esfuerzos titánicos para garantizar algún tipo de atención. Puede ir desde cubrir gastos de sus propios bolsillos hasta dificultades de movilidad o que no tienen programas ni servicios para referir los casos. Es un sistema de protección pobre para los pobres”, señaló.
Derechos vulnerados
Entre los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados desde abril de 2020 hasta abril de 2021, el más preocupante es el derecho a la integridad física y psicológica según Cecodap. El Servicio de Atención Jurídica de la organización recibió 185 casos a razón de 413 personas atendidas. En el 42,55% de ellos se demostraron violaciones a la integridad de las víctimas.
El resto se vinculaban con violaciones al derecho a la familia (12%), derecho a la salud (11,88%), derecho a la educación (9,79%), derecho a un nivel de vida adecuado (6,29%), derecho al libre tránsito y migración (4,19), violencia basada en género (3,49%), derecho a la identidad (2,79%) y otros derechos (8,39%). A pesar de ello, Trapani destacó que la violencia a menores es “pluriofensiva”, lo que significa que se vulneran varios derechos a la vez.
Además, el informe evidencia que los presuntos agresores son personas cercanas al entorno del niño. Las madres ocupan el primer lugar con un 25%, los padres le siguen con 20%. Los docentes se ubican justo después con un 12%.
“Cuando hablamos de los docentes, hablamos principalmente de personal directivo de las escuelas y está vinculado a cupos, discriminación y situaciones en relación con los pagos de los colegios de educación privada”, detalló Carlos Trapani.
Declaró que hay un incremento de casos de vulnerabilidad en julio, septiembre y noviembre. Sobre todo en períodos de suspensión de clases remotas.
El Estado como agresor
El coordinador de Cecodap también se refirió al papel del Estado venezolano en el proceso de protección de niños en la cuarentena.
“Queremos rescatar al Estado como un presunto agresor en 6% de los casos. Estamos hablando de un contexto de violencia estructural, especialmente dirigida a la prestación de servicios públicos y al incumplimiento de derechos sociales. Por ejemplo, hablamos de niños en situación de calle, abstenciones del Consejo de Protección, incumplimiento de normas en materia de identidad y otras situaciones”, indicó.
De igual forma, el informe muestra que la sociedad civil presentó un total de 72% de respuestas efectivas a casos de violaciones de derechos de los niños, mientras que el Estado alcanzó solo 38%.
De 40 casos remitidos al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el 65% no fue atendido. De 29 casos remitidos al Ministerio Público, 59% no fue atendido y en otros organismos estatales 50% de los denunciantes no obtuvo respuesta.
“La sociedad civil sí ha desarrollado programas y servicios de gestión de casos. Las organizaciones sociales y comunitarias son mucho más efectivas que el Estado, a pesar de los problemas, de la adversidad, la estigmatizaciones, de las limitaciones de financiamiento”, aseguró Trapani.
La protección de los derechos de los niños en el interior
“Resulta preocupante las limitaciones de la atención jurídica en el interior del país: la protección de los niños mientras más se aleja de la capital más inexistente es”, Trapani se refirió a los resultados del informe, que señalan que la atención jurídica para casos de violencia se concentra 82,32% en la región Central y 9,20% en la región Occidental.
Cecodap reporta que el Estado y las sociedades civiles se enfocan en los centros urbanos y las áreas rurales reciben menos atención. “Resulta inaceptable que haya diferencias en los esfuerzos de atención dependiendo de la ubicación donde esté el niño o la familia”, agregó el coordinador.
Recomendaciones de Cecodap
Finalmente, Cecodap recomendó al Estado implementar políticas públicas destinadas a defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Además de la disposición de un sistema de datos oficiales.
Destacó que se debe priorizar la protección a menores en el interior del país. “No hay derecho sin presupuesto. La inversión en temas de protección es vital. No podemos descuidar esos programas“, dijo.
Por otro lado, exhortó a los venezolanos a denunciar por los mecanismos oficiales antes que en otras instancias o en redes sociales. “Hay miedo de denunciar y una desesperanza hacia la protección. Sobre todo hay mucho miedo en las retaliaciones de la denuncia. Eso es preocupante”, agregó.
“Hay que fomentar la cultura de la denuncia. La denuncia puede detener un delito, evita nuevas víctimas, acerca al niño a la tutela y a la defensa de sus derechos y tiene un efecto sanador”, culminó.
Efecto Cocuyo
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