El Estado es responsable
de atención alimentaria
si la familia no puede
ofrecer comida diaria
Convención para Cantar. Luisa Pernalete. 2020
Los artículos 4 y 27 de la CDN señalan el deber de los Estados de garantizar los derechos económicos sociales y culturales de familias y niños, niñas y adolescentes (NNA), incluyendo el acceso a una alimentación nutritiva. En Venezuela, la situación de alarma alimentaria agravada por la cuarentena y la pérdida de poder adquisitivo de las familias, influye en la agudización del hambre de niños y niñas. Se denuncia el limitado alcance de los CLAP para suplir de alimentos. Según ENCOVI (2019-20) 74 % de los hogares reportan inseguridad alimentaria entre moderada y severa.
En zonas del estado Miranda NNA y familias vulnerables recurren al consumo de desechos. Grupos indígenas no pueden acceder a alimentos básicos y el hambre provoca incidentes lamentables como el reportado en junio, cuando 21 indígenas se intoxicaron por consumir yuca amarga y un niño de 8 años muriera por ello.
Las condiciones que requieren de una alimentación especial, como los trastornos del espectro autista o la intolerancia al gluten o la lactosa, no son atendidas. Similarmente, para junio se reportaba que, por lo menos 3.000 lactantes con madres VIH positivo corrían riesgo de desnutrición por no acceder a las fórmulas lácteas para su alimentación.
La desnutrición aguda global (GAM) en niños menores de cinco años alcanzó el 14,4% en julio, incrementándose en 73% durante el confinamiento, según el más reciente boletín del Sistema de Alerta, Monitoreo y Atención Alimentaria y Nutricional (SAMAN) de Cáritas. Un tercio de los niños monitoreado padece desnutrición y un cuarto está en riesgo de sufrir desnutrición aguda. 51% de las embarazadas monitoreadas presentaba déficit nutricional agudo. 83% de los hogares monitoreados no tienen agua continua.
En los municipios Mara y Guajira (Zulia), autoridades identificaron 496 familias con niños malnutridos. Similarmente, líderes warao alertan que, durante la cuarentena, niñas y niños de comunidades en Bolívar, Delta Amacuro, Monagas y Sucre han muerto por desnutrición.
Las entidades de atención en distintos estados del país, que albergan NNA con medidas de abrigo, piden donaciones porque no tienen la comida necesaria para cubrir los requerimientos nutricionales para su población. Paralelamente, diversas escuelas que tenían activo el programa de alimentación a NNA en riesgo de desnutrición en Monagas y Cojedes, sufrieron robo de insumos y alimentos, así como vandalismo en sus instalaciones. Algunos comedores populares dejaron de funcionar por falta de transporte o gasolina.
Es obligación del Estado usar al máximo los recursos disponibles para garantizar el derecho de niños y niñas y sus familias a una alimentación balanceada, nutritiva y suficiente. Ante el Comité de Derechos del Niño, Venezuela debe explicar por qué no ha cumplido estas obligaciones.
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