Las organizaciones no gubernamentales Prepara Familia y Cecodap propusieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ampliar el monitoreo del cumplimiento de las medidas cautelares que protegen a niñas, niños y adolescentes de 14 servicios del hospital de niños JM de los Ríos en Caracas.
En el marco del 173 período de audiencias de la Cidh, llevado a cabo en Washington, las organizaciones peticionarias participaron este jueves, 26 de septiembre, en la cuarta reunión del grupo de trabajo para revisar el estatus de la aplicación de las medidas, las cuales denunciaron que el Estado sigue sin cumplir.
«Planteamos mecanismos de seguimiento, ideas creativas para que la Cidh y las organizaciones trabajemos constantemente para darle respuesta a la grave situación del derecho a la vida, a la salud, a la alimentación de los niños y niñas hospitalizados en el J.M. de los Ríos», expresó Katherine Martínez, directora de Prepara Familia, a Efecto Cocuyo.
Martínez destacó que esta reunión privada se trató del primer encuentro sin la presencia de un representante del Estado venezolano, espacio que en las audiencias previas había ocupado Larry Devoe. En esta ocasión, sin su asistencia, la Cidh y las organizaciones acordaron cooperar.
«Planteamos varias sugerencias para mejorar el seguimiento y el monitoreo. Casi todas fueron aprobadas. Ellos van a estudiar de qué manera actuaremos conjuntamente para el beneficio de los niños protegidos por las medidas. Estos niños no están solos, tienen una protección internacional y la Cidh está pendiente de lo que ocurre en Venezuela», dijo.
Prepara Familia además denunció el incremento del deterioro de las condiciones del principal hospital pediátrico del país. «Ha bajado el número de camas operativas, continuamos sin mantenimiento preventivo ni correctivo de los equipos, sin reactivos para los laboratorios. También mencionamos la migración de médicos y enfermeras y el bajo salario que percibe el personal», agregó Martínez.
Esa misma semana, la Cidh anunció la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (Meseve), para seguir la implementación de las recomendaciones realizadas ante situaciones específicas relacionadas con la vulneración de los derechos humanos. Es el tercer mecanismo de seguimiento instalado por el organismo perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), pues está precedido por México (2016) y Nicaragua (2018).
«Es una posibilidad y una oportunidad que se nos abre a los venezolanos. Con las medidas cautelares tendremos un seguimiento aparte, pero vamos a aprovechar este nuevo mecanismo que va a tener incidencia en el trabajo que realizamos», expuso la directora de Prepara Familia.
Por su parte, Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) llevó a la reunión las cartas de más de 20 niños del hospital JM de los Ríos. Abogaron por una presencia mucho más directa de la Cidh con las familias.
«El problema del hospital J.M. de los Ríos es un problema que compete a la sociedad venezolana. En la medida en que la Cidh informe, difunda, promueva las obligaciones que impone las medidas cautelares, se seguirá buscando el cumplimiento», dijo Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, en una transmisión compartida vía Periscope.
Cecodap además propuso un sistema conjunto de vigilancia y monitoreo entre la Cidh, Cecodap y Prepara Familia para hacer un seguimiento más cercano al cumplimiento de las medidas cautelares.
«Eso implica la elaboración de un cuestionario de preguntas al que tendrán acceso distintos gremios: enfermeras, médicos, sociedades científicas y familiares para que cada persona pueda dar su versión y sus propuestas para proteger a los niños del hospital», agregó Trapani.
Las primeras medidas cautelares de la Comisión destinadas al J.M. fueron otorgadas en febrero de 2018 a los niños, niñas y adolescentes del servicio de Nefrología, donde un brote infeccioso había cobrado la vida de al menos cuatro niños. Un año y medio después, las medidas se ampliaron a otros 13 servicios del hospital.
Cuatro días después, las organizaciones peticionarias exigieron al Estado el cumplimiento urgente de las medidas y la asignación de un presupuesto especial para mejorar las condiciones del centro pediátrico ubicado en San Bernardino.
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